La ley de la memoria histórica vivió ayer por primera vez una aplicación práctica de gran carga simbólica. Agentes de la Guardia Civil impidieron a grupos de simpatizantes de la dictadura homenajear al general Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera en el Valle de los Caídos, como hacían cada año con motivo del aniversario de su muerte, de la que ayer hizo 33 años. Los guardias y diversos militantes falangistas protagonizaron momentos de tensión en los accesos al monumento. Los manifestantes pretendían llevar a cabo su tradicional homenaje, pero el dispositivo policial se lo impidió.

Lo que ayer se puso en práctica por vez primera fue concretamente el artículo 16 de la ley, que entró en vigor el 27 de diciembre del año pasado, según el cual, "en ningún lugar del recinto del Valle de los Caídos podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo". De tal forma que ayer los representantes de la Falange mostraron su contrariedad porque la Guardia Civil les impidió toda muestra de simbología política u homenaje y les requisó incluso los ramos de flores que llevaban para hacer una ofrenda en la tumba del general Franco.

Los falangistas tuvieron que someterse a los controles y la situación provocó reacciones que, en boca de veteranos joseantonianos, generaron un efecto paradójico, como cuando uno de ellos denunció un atropello por la "limitación" de sus "derechos ciudadanos".

Finalmente, se celebró una misa en la basílica de la Cruz, sin referencia alguna al franquismo y también con la presencia de agentes policiales de paisano. El máximo responsable de la Falange, Manuel Andrino, declaró que el Valle de los Caídos "debería ser un símbolo de reconciliación". En cualquier caso, los nostálgicos del franquismo anunciaron que volverán a manifestarse mañana, en este caso en la plaza Colón de Madrid, y se desplazarán de nuevo hasta el complejo del Valle de los Caídos, donde ya asumen que deberán quedarse en los accesos.

ZAPATERO, POR EL OLVIDO

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró ayer su satisfacción porque "la mayoría de españoles" ya no se acuerda de lo que representa el 20-N. Zapatero apostó porque esta fecha se convierta en algo "marginal y testimonial" y mostró su confianza en que los "residuos" del franquismo irán desapareciendo poco a poco.

Frente a estas tesis, Izquierda Unida e Iniciativa propusieron ayer que el Valle de los Caídos se transforme en la sede del Instituto de la Memoria Histórica y plantearon que los restos mortales de Franco y José Antonio se trasladen a sus panteones familiares. IU-ICV es partidaria también de una fiscalía especializada en la atención a las víctimas del franquismo. Gaspar Llamazares advirtió, tras el carpetazo de Baltasar Garzón a la investigación del franquismo, de que cabe la posibilidad de que las investigaciones acaben en manos de jueces extranjeros o del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Esquerra Republicana presentó ayer una reforma de ley de la memoria histórica para reconocer la labor de las organizaciones armadas antifranquistas, como los maquis, y anular todas las sentencias políticas durante la dictadura. El republicano Joan Tardà anunció un "primer asalto" contundente en el Congreso a la espera de que le apoye "algún socialista que cuando se mira al espejo ve cosas que no le gustan".