En poco más de una semana, 11 días exactamente, las operaciones de las fuerzas de seguridad en contra del referéndum del 1 de octubre han cogido un ritmo vertiginoso. A instancias de la fiscalía, en la mayoría de los casos, o de los juzgados de instrucción, la Guardia Civil ha asumido la mayoría de las acciones destinadas a neutralizar la distribución de publicidad institucional y propaganda de la campaña del 1-O, mientras que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad (Mossos, policías locales y Policía Nacional) se están centrando en identificar a voluntarios de la campaña y en requisarles el material.

En concreto, en estos 11 días, la Guardia Civil ha practicado ocho registros en diferentes empresas y en tan solo tres días de campaña se ha incautado de cerca de un millón y medio de carteles, dípticos y folletos sobre el referéndum. La última y más importante actuación hasta la fecha ha tenido lugar este domingo en una imprenta ubicada en Montcada i Reixac, donde los agentes han intervenido más de 1,3 millones de documentos: 700.000 folletos informativos en favor del 'sí', 130.000 carteles de menor tamaño también reclamando el voto por la independencia, 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat correspondientes a la campaña institucional y 138.000 carteles de la CUP con el texto 'Sí, per fer-los fora' y las imágenes del Rey, Mariano Rajoy, el 'expresident' Jordi Pujol y el expresidente y saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet.

Esta labor neutralizadora del cuerpo policial arrancó el pasado 6 de septiembre, con la vigilancia de la imprenta Indugraf de Constantí, en la que presuntamente se habrían imprimido 7.000 ejemplares de la 'Lista numerada de votantes', un documento de 24 páginas que contiene las instrucciones para los miembros de las mesas electorales. Hasta el viernes, los agentes no obtuvieron la orden de registro y una vez dentro no hallaron ningún material sospechoso. El sábado, registraron la sede del semanario 'El Vallenc' durante cinco horas y se llevaron el ordenador principal de la empresa, documentación y una copia de todo el correo electrónico, tanto el corporativo como el privado del director del medio, Francesc Fàbregas, que está siendo investigado por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Cierre de las webs

Pasada la gran manifestación de la Diada, el día 13, la Guardia Civil echó el cierre a la web del referéndum obedeciendo una orden judicial, y en días posteriores clausuró las réplicas abiertas para driblar la acción de la justicia, así como la de garanties.cat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya también ordenó a este cuerpo informar de qué medios públicos insertan publicidad o propaganda del 1-O. Como consecuencia de este requerimiento, varios agentes se personaron en las redacciones de 'Vilaweb', 'El Nacional', 'Nació Digital', 'El Punt Avui', 'Racó Català' y 'Llibertat.cat' para entregar la interlocutoria judicial e identificaron a los redactores que se encontraban en aquel momento trabajando.

El hallazgo de este domingo tuvo su prólogo con la incautación, el viernes, de 100.000 carteles en una nave del Poblenou propiedad de la empresa Marc Martí y, el sábado, de varias planchas para imprimir carteles institucionales sobre el referéndum y en favor del 'sí' en la consulta.

Tuit del ministro

Poco después de conocerse la última actuación de la Guardia Civil, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha publicado en Twitter un mensaje informando de la operación, en el que ha adjuntado un vídeo en el que se pueden ver los palés con los carteles requisados, como los que se difunden cuando se hallan grandes alijos de drogas o de armas. Al margen de la oportunidad del mensaje, la mayoría de las respuestas se han centrado en una reivindicación histórica de guardias civiles y policías nacionales: la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra.

Desde las filas independentistas, el portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, ha realizado un llamamiento a la "solidaridad de todos los demócratas españoles en defensa de la democracia en Catalunya" ante lo que ha considerado como una "vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las sociedades libres y abiertas".