Golpe a la logística del referéndum independentista del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional. La Guardia Civil ha requisado este martes unas 50.000 notificaciones que iban a ser dirigidas a las personas designadas presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales. Estas comunicaciones estaban metidas en sobres con el logotipo de la Generalitat y almacenadas en cajas en una nave de Terrassa de la empresa de mensajería Unipost, la misma que fue utilizada en la consulta alternativa del 9 de noviembre del 2014. Los Mossos d’Esquadra se han visto obligados a desalojar en la tarde del martes a un centenar de independentistas que bloqueaban el acceso al secretario judicial a la sede de la compañía. Y es que el juez de guardia de la localidad vallesana había autorizado antes l intervención de la totalidad de los sobres, así como la apertura de uno de ellos para comprobar lo que guardaban, ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo no solo el delito de desobediencia y prevaricación, sino también el de malversación de fondos públicos.

Fuentes de la investigación han asegurado a este diario de que éste es el hallazgo más importante en los registros llevados a cabo en distintas empresas e imprentas por la Guardia Civil. Su importancia radica en que se ha cortocircuitado la comunicación oficial que debe recibir el ciudadano en la que se le designa miembros de una mesa electoral. Las estimaciones del Ejecutivo catalán es que se remitirían unas 55.000 mil notificaciones de estas características. Si se han confiscado 40.000 es que se ha impedido que estos documentos lleguen a una parte importante de Catalunya. Sin embargo, las fuentes conocedoras de las pesquisas sospechan que el Gobierno de Carlos Puigdemont pueden tener un plan alternativo por si se les intervenían estos oficios necesarios para componer las mesas electorales.

Tras la entrada de la Guardia Civil en la nave de Unipost en Terrassa, el portavoz del Govern, Jordi Turull, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, han garantizado que el referéndum de independencia se celebrará aunque se hayan intervenido las notificaciones para los miembros de las mesas electorales. “Ante cualquier acción represiva hay una solución democrática. Sea cual sea el caso”, ha dicho Junqueras que, después, ha agregado: “Tenemos un compromiso claro y el compromiso se cumplirá. Los ciudadanos votarán el 1 de octubre”. Los dos altos cargos del Ejecutivo catalán han considerado “intentos de boicot y sabotaje” las operaciones de la Guardia Civil.

Los registros

Seis furgones de la Guardia Civil se han personado a las siete de la mañana en la sede de la compañía en Terrassa. Se ha podido ver a algunos agentes encapuchados salir con dos bolsas llenas de documentación. Además de esta nave, miembros del instituto armado han registrado otras sedes de la empresa, como la de l’Hospitalet de Llobregat, donde los agentes se han personado a las cinco de la mañana, aunque han salido poco antes de las nueve sin llevarse nada.

El momento de más tensión en Terrassa se ha producido cuando un centenar de personas se han concentrado en las puertas de la empresa gritando a favor del derecho a decidir. Entre los manifestantes se encontraban el diputado y secretario de política municipal de ERC, Marc Sanglas, y el portavoz del PDECat de Terrassa y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Miquel Samper. Varias personas han colocado claveles encima de los vehículos de la Guardia Civil y han aplaudido a los trabajadores de Unipost. Por la tarde, los Mossos han tenido que actuar porque se estaba impidiendo entrar en la nave al secretario judicial que, al final, ha podido acceder a la misma por la puerta del garaje. La policía autonómica ha tenido que desalojar una veintena de independentistas.

Orden de la fiscalía

Estos registros se suman a los practicados estos días por la Guardia Civil en cumplimiento de la orden decretada por la fiscalía del TSJC. El lunes hicieron lo propio en Sabadell, donde se incautaron 100.000 dípticos, y el domingo, en Montcada i Reixach, donde requisaron más de 1,3 millones de carteles y folletos.

En noviembre del 2014, Unipost fue requerida por la Fiscalía Superior de Catalunya para que informara sobre su contrato y documentos que obraran en su poder para el servicio de buzoneo de la propaganda de proceso participativo del 9-N, y para que especificara quién les suministró el listado de destinatarios.

La semana pasada, Correos remitió una circular a todas sus oficinas para recordarles que debían de abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum, en cumplimiento de las órdenes de la fiscalía de no colaborar con la organización del mismo.