El Ministerio de Hacienda asumirá, a partir de ahora, el pago de las nóminas a los funcionarios de la Generalitat, de las subvenciones públicas que reciben familias y empresas catalanas y de las prestaciones por dependencia. Esta es una de las consecuencias que se desprende de las medidas adoptadas este viernes por el Consejo de Ministros para “garantizar que ningún euro se destina a ningún fin ilegal, como el referéndum del 1 de octubre, o contrario a la estabilidad presupuestaria”.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha dado cuenta de lo que él ha llamado como “un mecanismo novedoso de control de pagos” para, en la práctica, intervenir la caja de la Generalitat. Además, el Consejo de Ministros ha acordado dar un ultimátum de 48 horas al ‘president’ Puigdemont para que en ese plazo presente a Hacienda un plan de recortes de gastos del presupuesto autonómico que, sin afectar a los servicios esenciales, garantice que Catalunya cumplirá su objetivo de déficit en el 2017. “Si no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, lo adoptará el ministro”, ha dicho Montoro en rueda de prensa, a modo de ultimátum.

Las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros, pues, buscan un fin doble. De una parte, garantizar que no se destina dinero a financiar el referéndum; de otra, que Catalunya cumplirá con la ley de estabilidad presupuestaria y su objetivo de déficit. O lo que es lo mismo: de una parte, que no se gasta "en lo que no se debe"; de otra, que no se gasta de más.

1.400 millones al mes

Para garantizar que la Generalitat “no destina ni un euro” al referéndum, el ministerio de Hacienda asumirá el control financiero de la mayor parte del presupuesto de ingresos de la Generalitat. Hacienda dejará de girar a la Generalitat el habitual pago mensual a cuenta del sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones de euros al mes). En lugar de esto, Hacienda esperará a que la Generalitat le diga qué necesita pagar y cuándo (por ejemplo, la nómina los funcionarios) y librará el pago directamente, sin pasar por la caja de la comunidad autónoma.

Montoro ha explicado que este mecanismo solo se aplicará sobre la parte de los recursos que recibe Catalunya del sistema de financiación autonómica (el 80% del total, unos 1.400 millones de euros al mes), y no sobre las demás fuentes de ingresos, como los tributos propios y cedidos, tales como los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, medioambientales (unos 250 euros al mes) y otras.

“Esto significa que el Estado pasa a pagar directamente buena parte de las nóminas, durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad”, ha dicho el ministro, en alusión a la decisión del ‘vicepresident' Oriol Junqueras de dejar de remitir a Hacienda los informes semanales de la Intervención General sobre el destino de los gastos. “También asumiremos el pago directo de las transferencias a familias, prestaciones por dependencia, etcétera”, ha añadido.

Intervención

"¿En qué se parece este mecanismo a una intervención de las cuentas y en qué se diferencia?", ha sido inquirido el ministro en la rueda de prensa. "LLámenlo como quieran. Nosotros decimos que es un forma novedosa de control de pagos, a partir de ahí, si alguien lo interpreta como una intervención de la caja...", ha respondido Montoro, dejando en el aire su frase.

Para el Ministro de Hacienda, en todo caso, hay una raya que el Gobierno no ha pasado. "No estamos sustituyendo competencias autonómicas", ha dicho. Las medidas adoptadas "no afectan al ejercicio de las competencias" ha remachado para alejar cualquier interpretación vinculada a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite al Estado la asunción de competencias de una comunidad autónoma bajo ciertas circunstancias.

Control de legalidad

Según el ministro, el nuevo mecanismode control financiero viene a ser una extensión del que ya se aplica a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para atender el pago directo de facturas a proveedores, tales como farmacias y otros. A partir de ahora este sistema de pago directo se ampliará a un mayor número de proveedores y a otros conceptos, que deberá determinar la Generalitat, hasta el límite de la cuantía mensual que Catalunya recibe del sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones). Sobre el resto de los recursos (unos 250 millones al mes) no se ha establecido, al menos de momento, ningún sistema adicional de control, más allá de la obligación de justificación semanal (que Oriol se ha negado a cumplir).

"¿A quién le puede molestar el control de la legalidad del gasto público?", se ha preguntado el ministro que, además, ha anunciado que el Gobierno llevará ante la fiscalía a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vila, por no cumplir con la obligación de informar de los pagos del Ejecutivo catalán. Es la primera vez que la Moncloa actúa en contra de un funcionario a consecuencia del referéndum del 1 de octubre.

Control del déficit

Para establecer un mayor control sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit público, Hacienda adopta dos medidas. La primera de ellas, para exigir a la Generalitat un plan de recorte de gastos en 48 horas a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y del Consejo de Ministros

En segundo lugar, Hacienda ha reforzado el control sobre el endeudamiento de la Generalitat. La administración catalana requerirá autorización previa del Consejo de Ministros para endeudarse tanto a largo plazo (como sucede en la actualidad) como a corto plazo (esta es la novedad). Así se cortará el paso a esta via de captar financiación que, hasta ahora, quedaba fuera del control de Hacienda y que, según teme la administración central, podría servir para captar recursos para financiar el referéndum.