Uno de los conceptos estrella de lo que se ha denominado procés o proceso independentista catalán es, sin duda, el de estructura de Estado. Es decir, aquellos organismos y la gestión de unas competencias entendidas como esenciales para cualquiera que quiera ejercer como un país independiente. De todas las estructuras de Estado, si no la más importante, sí la clave -por cuanto de ella se deriva el resto- es la de hacienda. Pues bien, ayer, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente catalanes, asistieron a la puesta de largo de la nueva Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que si bien ya estaba creada, ha vivido en los últimos 20 meses una transformación total.

La Generalitat ha apurado todas sus competencias en materia fiscal, cosa que, aunque parezca sorprendente, anteriores gobiernos autonómicos catalanes no habían llevado a cabo. Se trata de 32 oficinas y 800 empleados, frente a los cuatro locales y 321 empleados en el 2015. Con la gestión de los tributos del sector público, por las manos de la ATC supuestamente pasarían 4.500 millones de euros. El potencial de recaudación, es decir, todo lo que puede gestionar, alcanzaría los 42.000 millones. Mucho más de lo que se recauda actualmente por los tributos cedidos por el Estado. El Govern de Puigdemont, pues, se ha situado encima de la línea roja que marca el fin del autonomismo. De momento, se quedará ahí. Hasta ver lo que sucede con el 1-O.

NEGOCIACIÓN CON MADRID

En la visita, Junqueras reiteró que, llegado el caso, la capacidad de gestionar el IRPF tendrá que llegar de la mano de la negociación con el Estado español sobre cómo se reparten los activos y los pasivos. Mientras, la única mención que se permitió Puigdemont sobre la obvia vinculación entre la puesta de largo de esta agencia y el 1-O es que su Ejecutivo se limita a poner los medios para llevar a cabo «aquello que deseen los catalanes». «Estamos preparados para lo que decidan los ciudadanos», añadió.

Horas más tarde, y tras conocer que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había calificado de «estafa» el referéndum, Puigdemont dijo que «la estafa sería impedir su celebración», y añadió que con las «urnas nunca se hace un golpe de Estado» puesto que un «golpe de Estado sería prohibirlas».

Puigdemont hizo estas afirmaciones en una declaración institucional junto al premio Nobel de la Paz Ahmed Galai, vicepresidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, una de las cuatro organizaciones que forman el Cuarteto Nacional de Diálogo en Túnez. Galai mostró su apoyo al referéndum del 1 de octubre. Puigdemont putualizó que un referéndum como el que desea celebrar el 1 de octubre a pesar del veto del Estado es «sinónimo de democracia en todo el mundo».