El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, aseguró este lunes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que "la consulta no se podía suspender porque no se puede suspender aquello que no se hace". "Ya dijimos que la consulta estaba suspendida y que hacíamos otra cosa, un proceso participativo", aseguró. A preguntas del fiscal del alto tribunal Jaime Moreno, Homs dijo que volvería a hacer "absolutamente" todo lo que hizo, aunque, siguiendo con el criterio del ministerio público al rechazar la denuncia que él mismo interpuso contra Mariano Rajoy, sin hacer nada, porque esos incumplimientos del Gobierno central no se interpretan como que desobediencias al Tribunal Constitucional.

Tras un pequeño rifirafe con el representante del ministerio público que llevó al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, a recordar al que era consejero de Presidencia en noviembre de 2014 que estaba en el "Supremo y no en su casa", aunque "toda la Sala está deseando escuchar sus explicaciones", comenzó un interrogatorio, en algunos momentos bastante farragoso, en el que Homs se aferró a una idea clave: la providencia del Tribunal Constitucional que suspendió el referéndum era tan "inconcreta" que había propiciado su juicio y el del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.

Una vez aclarado las condiciones del "toma y daca", en palabras del propio Homs, el fiscal hizo girar sus preguntas entorno a si el recurso con el que la Generalitat quería aclarar la suspensión demostraba que era consciente de que con la consulta que finalmente se realizó con voluntarios se estaba incumpliento la orden del alto tribunal. Por su parte, Homs aseguró que tenía "el encargo" de Mas y del Govern de "ajustarse a la legalidad", y sostuvo que si la providencia del TC "mandaba tanto que no mandaba nada", ya que "los extremos son sinónimos en este contexto".

Se quejó de que la celeridad que tuvo el alto tribunal para suspender la consulta no se reprodujo en sentido recíproco cuando el Govern quiso aclarar el alcance de la medida y criticó que se dictara en el conflicto de competencias existente entre ambos ejecutivos a través de un incidente de ejecución de sentencia, que considera que no era la vía adecuada.

En su opinión, el alto tribunal había decidido ser "neutro" al no incluir la petición de la Abogacía del Estado de que se formalizara la advertencia en las que se podía incurrir los miembros del Govern en caso de incumplimiento. Señaló que por un lado "estaban en juego los derechos a la libertad de expresión y de participación politica, y al otro una providencia inconcreta del TC, que no es una sentencia judicial", y "el Govern tiene que tomar decisiones con la Constitución, el Estatut y las resoluciones del Parlament".

NINGÚN DELITO

"Informé de que no habíamos cometido ninguna irregularidad y menos ante un tipo penal, como el que nos encontramos", señaló Homs, quien más tarde añadió que admitía todos los hechos que le atribuía el fiscal, porque "el debate jurídico consiste en si son delito o no", no en admitir unos hechos que fueron públicos, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su momento los menospreciara y ridiculizara.

Y como ya hizo al declarar como imputado en el alto tribunal, recordó que se le transmitió que si el 9-N la Generalitat no ofrecía una rueda de prensa al concluir el proceso participativo, no se actuaría contra sus responsables, "y una rueda de prensa no puede ser el criterio". Como su imputación se produjo 15 meses más tarde que la de sus compañeros del Govern, Homs hiló esta circunstancia con las conversaciones grabadas al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Agencia Antifrau, Daniel de Alfonso, cuando el primero se refirió a "afinar expedientes" en su contra.

Homs, que fue invitado por el presidente de la Sala a seguir el juicio desde estrados con su defensa por su condición de abogado, lamentó que el tribunal le haya impedido preguntar directamente al respecto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, o al presidente del Gobierno, cuyos testimonios había solicitado en su escrito de defensa y que se volvieron a rechazar hoy.