Francisco Camps, expresidente de la Generalitat valenciana con el PPCV, y su exconsejero Juan Cotino han sido citados como investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia que investiga posibles contratos irregulares de la fundación que organizó en el 2006 la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En total son 10 los investigados y entre ellos también están Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Esteban Escudero, actual obispo auxiliar de la diócesis de Valencia.
La causa, abierta en julio del 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en una pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación. Se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública.
La magistrada está practicando diligencias y ha requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones. También ha comunicado a los 10 investigados la existencia del procedimiento para que puedan personarse y tener conocimiento de las diligencias. Está previsto que les cite «cuando reciba y estudie los informes y la documentación requerida y cuando haya oído a los testigos», según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Camps ha remarcado a Efe que él solo ocupaba la presidencia honorífica de la fundación y que no habría tenido sentido que se dedicara a «firmar contratos». Aunque ha dicho estar «completamemte seguro» de que todo se hizo de forma correcta. Para Camps será su tercera citación como investigado, pues ya tiene esta condición tanto en la causa que estudia la llegada del Mundial de fórmula 1 a Valencia, por la que está previsto que declare el próximo 18 de mayo, como por la construcción del circuito urbano en el que se desarrolló la prueba.
NUEVA PIEZA DEL ‘CASO IMELSA’ / Camps en cambio se ha librado, al menos por el momento, de estar como investigado en la nueva pieza del caso Imelsa que se ha abierto para investigar los sobrescostes en la construcción de centros escolares entre el 2003 y el 2007 por el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos a empresas para financiar al PP o para enriquecimiento personal.
En esta causa, el juez ha citado como investigados por cohecho, prevaricación y malversación a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia con el PP, a Marcos Benavent, el Yonki del dinero -que era el gerente de Imelsa, que dependía de la institución provincial, habría ejercido de «recaudador» y ha confesado la forma de proceder-, y a Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, la empresa encargada de construir los colegios.
El juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de «legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad» con la finalidad de «favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva».
Camps y sus exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps aparecen nombrados en algunas de las grabaciones, pero el juez apunta que constituyen «referencias indirectas genéricas e imprecisas», y no abre investigación contra ellos.
