El director de los servicios secretos españoles afirmó durante su comparecencia que el CNI espía a los grupos antimundialización, pero no a los partidos políticos y mucho menos, precisó, al lendakari, Juan José Ibarretxe.

En respuesta a Iñaki Anasagasti, portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Jorge Dezcallar comprometió su honor en que no se ha sometido a control al presidente del Gobierno de Euskadi. Y en respuesta a Xavier Trias, portavoz de CiU en el Congreso, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia no espía a ningún partido. En los movimientos antimundialización sí mantiene infiltrados, dijo, a pesar, agregó, de que en los últimos tiempos dichos grupos registran menos actividad.

22 OBJETIVOS Dezcallar enumeró los 22 objetivos del CNI divididos en tres bloques: protección del Estado de Derecho, riesgos para el territorio nacional y riesgos para España. Y confirmó que había disuelto la división encargada de la investigación de la corrupción y los delitos económicos. Los agentes han sido destinados a otros departamentos.

Al referirse a la estructura del CNI, que cuenta con 2.031 personas y adolece de una fuerte endogamia, según reconoció, realizó una velada crítica a la falta de medios y señaló como ejemplo que los servicios homólogos del Reino Unido disponen de un presupuesto siete veces superior a los 138 millones de euros (23.000 millones de pesetas) de que está dotado el CNI.

LA CRISIS DE PEREJIL Al referirse a la defensa territorial, explicó que la decisión de desalojar a los marroquís del islote de Perejil la tomaron cuatro personas en torno al rey Juan Carlos, tomando un café. Cuando se le preguntó si también tomaban té, contestó que sí, confirmando de ese modo indirecto la presencia de José María Aznar, que suele tomar té.

Al hablar de la protección de las instituciones, explicó que el Centro Nacional de Inteligencia gastó 48.000 euros (8 millones de pesetas) en proteger al príncipe Felipe durante la visita que éste realizó a la sede de la OTAN en el 2002. Fue el importe de los instrumentos para garantizar el secreto de las comunicaciones, explicó Dezcallar, según el relato de fuentes parlamentarias consultadas.