IU cree que el real decreto del Gobierno con el que el Ejecutivo asegura que se recupera la sanidad universal «no sirve para resolver la exclusión sanitaria que sufren desde hace años las personas sin permiso de residencia».

En un comunicado, la formación, a través de su diputada por Málaga Eva García Sempere, denuncia que la reforma sanitaria del PSOE «deja en un limbo a miles de embarazadas, menores de edad y mayores de 65 años reagrupados». Y por ello insta al Gobierno a clarificar el real decreto, que -dice- «sigue tratando a las personas sin permiso de residencia como ciudadanía de segunda». «Ni siquiera se vuelve a la situación anterior a 2012, cuando tenían tarjeta sanitaria, igual que el resto», advierte García.

«No precisa las consecuencias que tendrá en colectivos extranjeros como embarazadas, menores de edad y mayores de 65 años reagrupados», sostiene la diputada, quien considera la normativa «insuficiente» al quedar la postura del PSOE «muy por debajo de lo que tan sólo hace dos años pedía este mismo partido». Según la diputada, el texto tendrá consecuencias directas sobre los mayores de 65 años reagrupadas ya que -afirma- «se pretende seguir exigiendo tener un seguro médico privado» a estas personas, y a los extracomunitarios que son reagrupados por un ciudadano español.

El real decreto tampoco garantiza con claridad, según García, el derecho con cargo a fondos públicos de las mujeres embarazadas y de menores con residencia inferior a noventa días, puesto que -mantiene- no deroga una disposición de la reforma sanitaria del PP, que regula la condición de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España.

DECRETO / El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en junio que derogará la reforma sanitaria del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para devolver el derecho a la sanidad universal. Y en julio presentó el borrador.

«La norma aprobada representa un cambio en la atención sanitaria en España», anunció Carmen Montón. Este cambio viene dado porque, según prosiguió, «la titularidad del derecho se basa en la condición de ciudadanía y, por tanto, se desliga de la de asegurado».