Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado hoy "un plan de la Administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización (...) y la sepultura digna" de todas las personas asesinadas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.

Así lo exige la asociación judicial en un comunicado hecho público con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de absolver al juez Baltasar Garzón del delito de prevaricación del que estaba acusado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

JpD dice que la Ley de Memoria Histórica se ha mostrado "ineficaz" e "insuficiente" y pide también que se declaren "expresamente nulas todas las sentencias que fueron dictadas por tribunales que de tales solo tenían el nombre" y que se reponga formalmente "el nombre de las personas injustamente condenadas".

"Exigimos a los poderes públicos que acometan las reformas legales y realicen las inversiones precisas para reparar esta situación, como expresión de dignidad de las víctimas de la dictadura franquista, con las que tenemos una deuda, en tanto que son depositarias de nuestra memoria y expresión de nuestra dignidad colectiva", añade el texto.

En la sentencia en la que absuelve a Garzón, notificada ayer, el Tribunal Supremo reconoce que las distintas leyes aprobadas en democracia, como la de Memoria Histórica, no han satisfecho las demandas de las víctimas para la localización de sus familiares asesinados ni han procurado la "efectiva reconciliación" que perseguía la Ley de Amnistía de 1977.

Jueces para la Democracia señala hoy, en este sentido, que el hecho de que se haya considerado que Garzón no podía abrir una causa penal para perseguir los crímenes del franquismo "no puede ser excusa para obviar responsabilidades colectivas que debemos asumir como sociedad democrática".

"Nada puede justificar que los poderes públicos y los agentes sociales que tienen la obligación de ayudar a recuperar la dignidad de las víctimas miren a otro lado", dice la asociación. En este sentido, JpD afirma que "son exigibles políticas y actuaciones mucho más eficaces y mucho más sensibles que las que nos han dado en los últimos años, superando el mero simbolismo de algunas actuaciones y abarcando conjuntamente un problema que es de toda la sociedad".

Respecto a la absolución de Garzón, la asociación subraya el hecho de que el Supremo haya establecido que "no toda resolución fundada en una interpretación disidente de la mayoritaria, ni toda resolución judicial no ajustada a derecho, comporta necesariamente la comisión de un delito de prevaricación".