Josep Bosch, el magistrado de El Vendrell que investiga la presunta trama de financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), tomó declaración el pasado jueves a todos los empresarios sospechosos de pagar mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Durante estos interrogatorios, Bosch preguntó a algunos de los empresarios sobre Germà Gordó, 'exconseller' de Justícia.

Según la Fiscalía Anticorrupción, este político sería el enlace entre las empresas y CDC. Por este motivo solicitó en enero al juez Bosch que implicara al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña para poder poner la lupa sobre él. Gordó es actualmente diputado en el Parlament de Cataluña y, en consecuencia, tiene condición de aforado. El aforamiento obliga a que sea esta alta instancia judicial la que deba encausarlo, dado que un juzgado ordinario no tiene potestad para actuar contra un diputado parlamentario.

INSTRUCCIONES POR ESCRITO

Bosch, siguiendo estas instrucciones, pidió por escrito al TSJC que investigara a Gordó. Pero el Tribunal desestimó la petición argumentando que los indicios que vinculaban a Gordó con la trama del 3% no bastaban para justificar una investigación formal, ni mucho menos un registro en el domicilio particular del político ni tampoco su arresto.

Esta decisión se tomó días antes de que Bosch activara la última operación policial desplegada contra empresarios de la órbita convergente y altos cargos de la formación política. Posiblemente por eso el juez, a pesar de que no había resultado posible incluir a Gordó en esta última fase de las pesquisas del 3%, no perdió la oportunidad de preguntar directamente a algunos de los empresarios sobre la presunta participación del exconseller de Justícia en esta trama de financiación irregular .