El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido no dar preferencia a la petición del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez para poder quedar en libertad o, al menos, asistir al pleno del Parlament del lunes, convocado para investirle presidente de la Generalitat. En una providencia da a las partes un plazo de cinco días, que acaba el mismo lunes, para pronunciarse sobre su última petición, pero también de las presentadas en el mismo sentido por el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Según la providencia dictada hoy, la fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox disponen de cinco días a contar desde mañana para pronunciarse sobre las tres peticiones de excarcelación. Pese a la urgencia que la de Sànchez planteaba al haber sido designado candidato por el presidente del Parlament, Roger Torrent, el magistrado la incluye junto a la de dos de sus compañeros del prisión. El otro, el exvicepresidente Oriol Junqueras, ha seguido una distinta estrategia de defensa para intentar abandonar la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 2 de noviembre.

El magistrado puede resolver en cuanto tenga en su poder los informes solicitados a las partes, pero al haber concedido un plazo de cinco días da a entender que no tiene en cuenta la celebración del pleno, cuya fecha prevista fue dada a conocer por el propio Sànchez en el escrito en el que solicitaba su excarcelación.

Sus anteriores resoluciones dejan poco margen para que pueda acordar la excarcelación de Sànchez para asistir al pleno. Ya denegó su presencia en actos electorales durante la campaña desarrollada para el 21-D, en la que el expresidente de la ANC figuraba como número dos de las listas de Junts per Catalunya. También rechazó excarcelarle para que pudiera asistir a los plenos del Parlament.

REITERACIÓN DELICTIVA

En todas sus autos el argumento ha sido el mismo: el riesgo de reiteración delictiva ante el poder de movilización social demostrada por el imputado en la causa que se sigue en el alto tribunal por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Hasta ahora la fiscalía se ha opuesto a su excarcelación y Vox ya han anunciado que volverá a oponerse a que Sánchez quede en libertad ante el riesgo que aprecia de reiteración delictiva.