El juzgado de instrucción número 4 de Lleida se ha inhibido a favor de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en la investigación por la presunta pasividad de los Mossos durante el referéndum unilateral del 1-O. El magistrado ha tomado esa decisión después de estudiar el informe de la Guardia Civil, avanzado este miércoles por EL PERIÓDICO, que implica a varios mandos policiales de Lleida en un complot para proteger la consulta. En su auto, el juez sostiene que existen indicios "de la existencia de un plan organizado" desde la dirección de la policía autonómica "encaminado a favorecer la celebración del referéndum ilegal y dificultar que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pudieran cumplir con las órdenes establecidas" por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La resolución destaca que los Mossos estaban obligados a "implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las órdenes recibidas: cerrado y precintado de los colegios electorales en la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre, garantizando así que no se llevaran a cabo las votaciones". Como no se hizo, indice el juez, ese día abrieron los centros designados como colegios electorales. Los Mossos tampoco hicieron nada para evitar la votación, según el magistrado.

"La realidad de la actuación de los Mossos d'Esquadra en la Región Policial de Ponent, con sede en Lleida, fue muy distinta, caracterizándose, no solo por una deliberada actitud pasiva, planificando un servicio que aparentase el cumplimiento de las órdenes judiciales pero claramente insuficiente para el cumplimiento efectivo de las mismas, sino también por una actitud proactiva favorecedora de la realización de la consulta", sostiene el juez. En definitiva, "se pretendió simular el cumplimiento" de las órdenes del TSJC, "cuando en realidad se pretendía hacer y se hizo lo contario".

"Patrón común"

El juez incide en que el comportamiento de los Mossos en Lleida "no fue una actuación espontanea ni aislada", limitada a esa zona, "ni ideada o adoptada por iniciativa propia e individual de algunos de los miembros del cuerpo", sino que seguía "un patrón común". En su opinión, parece "evidente" que lo sucedido el 1-O en la capital del Segrià y en los días previos, "no es sino la proyección a este territorio de un plan de actuación general diseñado desde la cúpula" de la policía autonómica "para evitar toda actuación en contra del referéndum, enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad". De ahí que el magistrado considere que el caso debe ser instruido por la Audiencia Nacional, al tener un proceso abierto por hechos similares en toda Catalunya.