El juez del caso Madrid Arena, Eduardo López-Palop, mantiene la imputación de dieciséis personas en la causa, entre ellas el jefe de la Policía Municipal de capital, Emilio Monteagudo, y considera que deberían ser juzgadas por cinco supuestos delitos de homicidio imprudente y diez de lesiones.
El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid adopta esta decisión en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, de 25 páginas, que pone fin a la instrucción del caso Madrid Arena por la tragedia ocurrida el 1 noviembre de 2012.
El auto ha sido hecho público hoy aunque está firmado el pasado 29 de agosto.
López-Palop imputa finalmente a dieciséis personas, en lugar de catorce como proponía la Fiscalía, recogiendo así la petición de las acusaciones particulares de llevar a juicio al jefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo, y al coordinador jefe del departamento de Seguridad de Madridec, José Luis Rodríguez Caamaño.
El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para ocho personas, entre ellas al exdelegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Antonio de Guindos, la exdelegada de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez, y el director general de Emergencias, Alfonso del Álamo.
Así, finalmente no ha sido imputado ningún miembro de la cúpula de seguridad y emergencias del Consistorio, a excepción del máximo responsable de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, cuyo procesamiento habían solicitado las partes.
El juez imputa a catorce personas por cinco presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y diez de lesiones, mientras que a los médicos que estaban en la enfermería del Madrid Arena -Carlos y Simón Viñals- les imputa tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
Los imputados son, además de Emilio Monteagudo y José Luis Rodríguez Caamaño, las catorce personas que propuso la Fiscalía en julio, entre ellas el empresario organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores; el director general de Diviertt, Santiago Rojo; el jefe de personal de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; el director del departamento de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de Proyectos del departamento de Operaciones de Madridec, Francisco del Amo, y el técnico de Operaciones de Madridec, José Ruiz Ayuso.
A estas se suman los coordinadores jefes de Seguriber, Juan José París Nalda y Raúl Monterde; el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, el vigilante de seguridad de Seguriber Roberto Mateos, los socios de Kontrol 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard, y los doctores Simón y Carlos Viñals.
En el auto el magistrado determina que el Ayuntamiento de Madrid es responsable civil subsidiario de la tragedia, al igual que las empresas Madridec -que alquiló el pabellón a los organizadores del evento-, Diviertt y FSM Group Management -organizadoras de la fiesta-, y las compañías de seguridad Seguriber y Kontrol 34.
El magistrado pide el traslado del auto a las partes para que en el plazo de 30 días naturales, a partir de la notificación, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Contra la decisión adoptada por el juez caben los recursos de reforma y de apelación estipulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
