El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no ve necesario incluir «de momento» entre los imputados por rebelión, sedición y malversación al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y al que era el número dos de Economía Josep Maria Jové, pese a que la fiscalía lo consideraba «absolutamente inexcusable» ante «la necesaria inescindibilidad» de la causa.

Trapero ya está imputado en la Audiencia Nacional, donde se investiga la actuación de los Mossos durante las protestas que tuvieron lugar el 20 y 21 del mes de septiembre en Barcelona, y Jové lo está en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El magistrado también ha pospuesto volver a tomar declaración a todo el Govern depuesto por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Lo que ya ha rechazado es la petición de Vox de reclamar al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) la información que pueda tener sobre la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Considera que la solicitud no aporta datos que fundamenten las sospechas de que sus fondos tienen un origen público, lo que podría ser constitutivo del delito de malversación investigado.

LOS CORREOS

Ayer se supo qué quería encontrar el magistrado con los registros realizados en las sedes de las entidades soberanistas: los correos electrónicos emitidos y recibidos entre el 28 de abril del 2016 y el pasado 27 de octubre del 2017 por el expresidente Carlos Puigdemont y el resto del imputados en la causa (salvo Marta Pascal), pero también por otras cinco personas que no están en esta condición en el alto tribunal, todas ellas con «cargos subordinados al Govern y directamente vinculados con las actuaciones ejecutivas desplegadas para la consecución de los objetivos secesionistas».

Son Carles Viver Pi i Sunyer, presidente del Instituto de Estudios de Autogobierno; Pere Aragonés, secretario de Economía de Vicepresidencia; Joan Vidal de Ciurana, director gerente de Òmnium Cultural y secretario del Govern; Víctor Cullell, responsable de la Secretaría para el Desarrollo del autogobierno, y Josep Maria Reniu i Vilamala, responsable de la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno.

El magistrado justifica la necesidad de acceder a los correos «en el posible concierto de los investigados para lograr la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña, excluyendo a este territorio español y a su población del sometimiento al régimen constitucional que constituye la base democráticamente consensuada de nuestra convivencia».

El magistrado, que comienza el relato de los hechos destinados a lograr la independencia en diciembre del 2012, enumera todos los pasos dados hasta la declaración unilateral.