El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reactivado la única pieza que seguía secreta en el 'caso Púnica', la relativa a la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Y lo ha hecho con registros, petición de información y nuevas imputaciones, informaron fuentes jurídicas.
Este miércoles han declarado como investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 3 el expresidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que dimitió en diciembre de 2015 tras dar positivo en una prueba de alcoholemia, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, recientemente condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black, y Beltrán Gutierrez, exgerente del PP de Madrid, que ya declaró como imputado en esta causa.
Los tres, a los que no se ha impuesto ninguna medida cautelar, han declarado extensamente a las preguntas que les han formulado el magistrado y las fiscales del caso, Teresa Gálvez y Carmen García, según fuentes jurídicas, que anunciaron que habrá más citaciones a lo largo de los próximos días.
La empresa de Arturo Fernández fue adjudicataria durante años del servicio de restauración de la Asamblea de Madrid y, además, habría sido uno de los empresarios que realizó donaciones a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). En concreto, según Efe, se le preguntó por una donación de 70.000 euros.
1% DE PUBLICIDAD
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, siguiendo instrucciones del juez Velasco, la adjudicación a empresas donantes del partido de contratos de publicidad por el 1 % del total de la obra en las Consejerías de Sanidad y Transportes, así como en la empresa pública Arpegio.
Las mismas fuentes señalaron que el martes se practicaron registros y se requirió documentación en domicilios, empresas y organismos públicos, como la Consejería de Sanidad de Madrid, que ha confirmado la solicitud de información relativa a los hospitales construidos durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional.
El magistrado ya había imputado en esta pieza al exgerente del PP de Madrid y al consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, en febrero de 2016, momento en el que ordenó varios registros, entre ellos en el despacho de Gutiérrez en la sede de la calle Génova, para dilucidar si hubo posibles delitos de blanqueo de capitales y de cohecho en el marco de la trama Púnica.
AGENDA DE GRANADOS
Para llegar a ellos fue determinante la agenda intervenida al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en la que aparecían anotados pagos de empresarios y repartos de dinero, que ascendía a dos millones de euros, a las siglas "BG", que se identificaron con Gutiérrez, "JLM" (Javier López Madrid) y bajo la denominación de "me" (yo, en inglés), que los investigadores consideran que era la parte que quien fue consejero de Presidencia, Interior y Justicia se reservaba para sí mismo.
Para aclarar las anotaciones de la agenda fue clave la declaración de 13 horas prestada por el amigo y socio de Granados, el constructor David Marjaliza, cuando decidió cambiar su actitud y colaborar con la justicia.
