La jueza de la Audiencia Nacional, Camen Lamela, ha fijado comparecencias quincenales para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, imputado por un delito de sedición. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para el responsable policial, pero la magistrada ha optado por imponerle la misma medida que a su subordinada, la intendente Teresa Laplana, para la que el ministerio público pedía prisión eludible con fianza de 40.000 euros.

La jueza también les ha impuesto retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Además, deberán facilitar un teléfono en el que estar localizables y designar a una persona para recibir las notificaciones. En caso de incumplir alguna de las medidas impuestas, su situación sería modificada.

El auto en el que se imponen las medidas cautelares la magistrada explica que la causa por sedición se reduce a lo denunciado en su día por la fiscalía, es decir, las protestas que se celebraron en Barcelona los días 20 y 21, promovidas por los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes a las 19 horas declaraban ante la magistrada.

Se trata de los hechos inicialmente denunciados por la fiscalía y la Pegaractuación que tuvo esos días Trapero "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días se sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación". De esta forma, la magistrada rehúsa tener en cuenta, al menos de momento, el último informe de la Guardia Civil relativo a la actuación de los Mossos hasta el 1-O.

No obstante, añade que "existen elementos que vinculan a Trapero" con la estrategia separatista, como la hoja de ruta intervenida en el domicilio de Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y "la pasividad, aun por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos acaecidos el 1 de octubre o el contenido de las conversaciones" intervenidas por el Juzgado 13 de Barcelona, en las que aparece "una contravigilancias para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil".

Protección contra actuaciones policiales

La jueza describe los hechos que se produjeron en distintos lugares de Barcelona para la "protección de sus gobernantes o instituciones" frente a actuaciones policiles ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13. Relata cómo Sànchez y Cuixart animaron las concentraciones en las que se causaron daños tres vehículos de la Guardia Civil, en los que "había armas", por 33.729, 34.708 y 67.193 euros, y cómo ignoraron los requerimientos de los agentes para abrir un paso a la comisión judicial que registraba la 'Conselleria' de Economía.

Según el auto, la protesta "estaba orientada a impedir que funcionarios de Justicia y las Fuerzas de Seguridad pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley y de las resoluciones dictadas en un procedimiento judicial", con el objetivo de proclamar una república catalana, lo que es constitutivo de sedición, que estaría penado hasta en el caso de Trapero con 10 años de prisión.

La magistrada toma declaración esta tarde a los presidentes de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Según fuentes fiscales, lo razonable es que también pida prisión incondicional para ambos, dada la propuesta formulada para Trapero y para la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

La fiscalía ya se inclinaba por pedir prisión incondicional para Sànchez y Cuixart al estar la sedición castigada con hasta 15 años de cárcel, existir riesgo de reiteración delictiva, al haberse situado al frente de nuevas movilizaciones, como la que obstaculizó el trabajo de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre. Además, durante la operación Anubis, la ANC trasladó documentación de su sede, lo que podría constituir destrucción de pruebas.

En esta ocasión el 'major' llegó a la Audiencia Nacional vestido de paisano, con traje gris y corbata azul, al igual que los comisarios que también le acompañaban hoy. El pasado día 6 los tres vestían el uniforme de los Mossos d'Esquadra. Pese a que Trapero prefirió declarar, la fiscalía había solicitado posponer las comparecencias de los cuatro imputados a la vista de un nuevo informe de la Guardia Civil en el que se ampliaban las acusaciones contra ellos hasta con hechos del 1-O.

Testigos del acoso

La mañana ha comenzado con la declaración de tres testigos. Se trataba de la letrada de la administración de Justicia (antes, secretaria judicial) que participaba en comisión judicial, enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a hacer 14 arrestos y más de una cuarentena de registros. La mujer tuvo que abandonar la sede de la 'Conselleria' de Economía por la azotea a un edificio anexo para mezclarse con el público que abandonaba el teatro.

A continuación declararon los dos guardias civiles de más rango que participaron en el registro, uno participaba en la comisión judicial y el otro estaba encargado de dar seguridad a la comisión judicial. En el atestado remitido al juzgado 13 de Barcelona consta que no se pudo trasladar a los detenidos a los registros, incluido a Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como es preceptivo en este tipo de diligencias.

Además, relataron que los agentes estuvieron hasta 18 horas recluidos en el edificio ante la imposibilidad de abandonarlo y cómo Sànchez y Cuixart capitanearon las protestas y se negaron a facilitarles su labor.