La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sigue instruyendo la causa por sedición abierta contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el lunes. De momento ha pedido al cuerpo policial catalán que identifique a los agentes que actuaron en el dispositivo del 1-O, aunque la causa sigue por ahora constreñida a lo ocurrido los días 20 y 21 de septiembre, cuando se obstaculizó el trabajo de la comisión judicial que realizaba registros por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Con el requerimiento, la magistrada pretende valorar y determinar así mejor la intención que tenían los imputados al actuar como lo hicieron. Lo ha acordado a instancias de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que hizo suya una de las diligencias planteadas por la Guardia Civil en el último informe incorporado a la causa.

El instituto armado pedía identificar a todos los agentes que aparecen en los vídeos en los que se refleja la actuación de los Mossos el 1-O y durante la operación Anubis, así como a los encargados de "dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los distintos dispositivos que se hubiesen establecido para dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal". También solicitó las actas y atestados que hubieran levantado.

Notificación oficial

Además, la fiscalía quiere que la Generalitat tenga conocimiento oficial de la imputación que pesa sobre Trapero "a los efectos oportunos", porque considera que en cualquier cuerpo policial que un agente esté inmerso en un procedimiento judicial implica su suspensión.

El reglamento de los Mossos no es tan taxativo en este extremo como los de Policía o Guardia Civil, pero el ministerio público pedirá a la jueza que haga llegar a la Generalitat los autos en los que se imputó al mayor de los Mossos y se le impusieron comparecencias quincenales y se le retiró el pasaporte por un delito de sedición.