Jokin Unamuno, uno de los ocho acusados de la agresión de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas, ha afirmado este lunes que cuando entró en el bar donde ocurrieron los hechos se enfadó con los agentes porque le habían puesto cuatro multas. "Le dije que menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares", ha dicho Unamuno, que está en prisión provisional y se enfrenta a una petición fiscal de 50 años de cárcel. "Yo no golpeé a nadie", ha seguido declarando Unamuno, que solo ha accedido a responder a su abogada, para negar que la discusión que tuvo dentro del bar con los agentes fuera violenta.

Él, ha dicho, se quedó dentro del bar y no vio la agresión que tuvo lugar en la calle, donde los guardias civiles y sus parejas resultaron heridos y donde lo sitúan algunos testigos. "No golpeé a nadie, ni dentro, ni fuera, ni en la puerta del bar", ha insistido el acusado, y ha dicho que no salió del establecimiento hasta después, cuando vio "al teniente tendido en el suelo y a una mujer encima suya como protegiéndole con el cuerpo".

Ha negado que perteneciera a ningún movimiento radical, aunque sí ha reconocido que fue él quién pidió permiso al Ayuntamiento de Alsasua, porque tenía alguna experiencia en ello, para la organización del Ospa Eguna (día de la huida) de 2016, que forma parte de las campañas de la izquierda radical abertzale para reclamar la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

El juicio por esta agresión sucedida en octubre de 2016 en un bar ha empezado en la Audiencia Nacional envuelto en polémica por la acusación de terrorismo que pesa sobre los jóvenes, para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de cárcel.

BORRACHO Y ENFADADO

El acusado ha asegurado que conocía a los agentes porque le habían puesto cuatro multas -dos de ellas por circular en dirección contraria y la otras sanciones contra la de Seguridad Ciudadana-, aunque en su declaración cuando fue detenido dijo que no tenía ni idea de que eran guardias civiles. "En ese momento lo que quise es exculparme", ha indicado, tras señalar que ya habían tenido alguna discusión.

Estaba "bastante enfadado" y recriminó a los agentes por las multas que le habían puesto, pero no les gritó, ni insultó ni les agredió, según su versión. Cuando el teniente le llamó por su nombre, se enfadó, le pidió que no lo hiciera y empezaron a discutir, ha continuado.

No participó en la agresión, pero sí vio al teniente tendido en el suelo y a una mujer protegiéndole el cuerpo. Al otro agente y a su pareja, no les vio, ha matizado. Unamuno ha insistido en que nunca tuvo intención de pegar a los guardias, ni de insultarles ni de provocar un altercado, ni tampoco acordarlo con alguien. "Fue algo que hice inconsciente, estaba muy borracho", ha manifestado el acusado, que ha lamentado lo que ocurrió en un "contexto de fiesta, a las cinco de la mañana" y cuando "todo el mundo estaba bastante bebido".

También ha asegurado que no tenía relación con los otros acusados, salvo con la única mujer de este grupo, con la que le une una amistad, mientras que a los otros seis les conoce solo de vista.

DENUNCIA DE COVITE

El caso contra los agresores de Alsasua, que fue denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo "Ospa!" (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad. Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Este mismo sábado, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldaban en la capital foral a los acusados con una manifestación de protesta a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según la organización. Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", aseguran que no piden impunidad sino que exigen justicia ante "la exageración, la distorsión y la desproporción", ya que consideran que lo ocurrido debía haberse tratado como una pelea de bar y no como terrorismo.

En la polémica por esta imputación ha intervenido también Amnistía Internacional, que entiende que la fiscalía debe retirar su acusación porque lo ocurrido no puede ser calificado de terrorismo y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional.