El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, mandó el pasado 24 de julio una carta a su homóloga en el Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, pidiéndole la convocatoria de una reunión para abordar el espinoso asunto de la deuda contraída por el Estado con la Generalitat a cuenta del despliegue de los Mossos d’Esquadra. La misiva, afirman fuentes del Ejecutivo catalán, no ha recibido respuesta.
En el texto, Junqueras recuerda a Sáenz de Santamaría la celebración de la Junta de Seguridad del 10 de julio, la primera en años y que fue poco menos que forzada por el entonces 'conseller' de Interior Jordi Jané, y donde se certificaron los efectivos policiales en Catalunya, paso previo para que el Estado desembolse la cuantía acordada por el desempeño de las competencias transferidas. Esta cifra se eleva a 688 millones. Por todo ello, Junqueras solicitó la convocatoria de la comisión mixta de asuntos fiscales y financieros Estado-Generalitat.
Fue este, de hecho, el último paso de una cadena de acciones reivindicativas del Govern que se iniciaron en la pasada primavera, cuando el secretario de Economia, Pere Aragonès, envió un informe al Ministerio de Hacienda. Posteriormente, el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, elevó la petición también al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
