El Gobierno anunció ayer, en el 64º aniversario del fusilamiento del presidente catalán Lluís Companys, la aprobación de una ley que permitirá anular las sentencias franquistas, incluido el consejo de guerra sumarísimo instruido contra el presidente de la Generalitat. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, adelantó que una comisión trabajará desde el lunes en la "elaboración urgente" del proyecto.
El Consejo de Ministros debatió un informe del titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en el que se detallan las dificultades jurídicas que entrañará la revisión del sumario de Companys y de tantas otras sentencias del franquismo. La gran complicación radica, según la vicepresidenta, en la necesidad de "conciliar los valores constitucionales en juego". A saber: la "justicia y la seguridad jurídica", por un lado, y la imposibilidad de sentenciar de nuevo la "cosa juzgada", por el otro.
SIN PLAZOS La tarea de hallar este equilibrio recaerá sobre la comisión interministerial creada para estudiar la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. El Gobierno ha ordenado a la comisión que "dé prioridad" a la elaboración de la norma y la tenga "en un plazo razonable", que no concretó.
Así se dará cumplimiento a una proposición no de ley del Congreso, que el 28 de septiembre instó al Gobierno a tramitar la anulación del consejo de guerra a Companys y rehabilitar su honor. Explicó De la Vega que se han formulado "numerosas solicitudes" de nulidad de los juicios franquistas, y que el plan del Ejecutivo es dar "plena satisfacción moral a quienes se vieron sometidos a procesos enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo".
Por la tarde, De la Vega asistió en Barcelona al homenaje a Companys. En el Palacio de la Generalitat --donde no faltó la bandera española-- expresó su "emoción" por representar al Gobierno en un acto destinado a abrazar "a todos los españoles y, especialmente, a todos los catalanes que sufrieron una guerra civil". Ni el jefe de la oposición, Artur Mas, ni el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, fueron al acto en protesta por la "apropiación" de la figura de Companys por parte del PSC.
EL DESFILE NO CAMBIARA Por otra parte, el Gobierno avanzó que no se plantea introducir cambios en futuros desfiles del Día de la Hispanidad, pese a que Maragall afirmara el jueves que intentará forzar algunos cambios. De la Vega rechazó ayer esa posibilidad con el argumento de que el Gobierno, analizado el desfile del pasado 12-O, da por conseguido el objetivo de "concordia" con el que se diseñó la conmemoración.
