Tras abandonar la política acorralada por los escándalos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes pidió el miércoles la reincorporación a su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense. Ayer, aparecía en el directorio de funcionarios de la página web de la universidad madrileña, por lo que se dio por hecho que el fichaje ya era efectivo. Sin embargo, la universidad madrileña puntualizó que aún no tiene un lugar asignado.

La también expresidenta del PP regional solicitó, al día siguiente de renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid -su tercera dimisión en dos semanas- el reingreso en el Cuerpo Técnico Superior de la Complutense, del que forma parte. Una vez recibida la petición, la universidad la incluyó de forma provisional, aclaró a través de un comunicado, en el listado de empleados públicos de la gerencia del Rectorado. «Un mero formalismo que se lleva a cabo de forma automatizada al solicitar el ingreso», apuntaba la nota.

RENUNCIA A LA EXCEDENCIA / En unos días, se le asignará un puesto correspondiente a su categoría. Cifuentes había presentado un escrito de renuncia a la excedencia que se le concedió al acceder a sus cargos públicos de la mano del PP. La Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que el empleado tiene un mes de plazo para solicitar su reingreso al terminar el motivo de la excedencia. Este paso es fundamental para no perder la plaza de funcionario, con independencia de que posteriormente siga en la institución o se decante por otra actividad profesional.

Cifuentes entró en la Complutense como técnico B de Administración y Servicios en 1990 por turno libre, y en el 2001 ascendió al nivel A. El sueldo, dependiendo del nivel y la antigüedad, ronda entre los 50.000 y los 100.000 euros anuales brutos en la actualidad. Pero lleva 25 años alejada de la universidad, desempeñando cargos en la Administración, primero como diputada en la Asamblea de Madrid, luego como delegada del Gobierno y, por último, al frente de la Comunidad de Madrid. El pasado 25 de abril dejó su responsabilidad como presidenta autonómica tras la polémica por la falsificación del máster de la Universidad Rey Juan Carlos en el 2012 y la filtración del vídeo del intento de hurto de dos cremas faciales en un supermercado.

Pocos meses después de llegar a la presidencia autonómica, en el 2015, Cifuentes impulsó una ley que suprimió el Consejo Consultivo de Madrid, del que podían formar parte los expresidentes regionales que lo solicitaran.

Los grupos parlamentarios habían iniciado un proceso para elaborar un estatuto de expresidentes, que preveía dotarles durante dos años de un sueldo que supondría entre el 80% y 90% del salario que percibiesen en el ejercicio del cargo. Pero aún no se ha elaborado, por lo que Cifuentes no percibe ahora ninguna retribución oficial.