El juez del caso del Tribunal Supremo Pablo Llarena estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre la negativa de los jueces alemanes de entregar al expresidente catalán Carles Puigemont por el delito de rebelión.
En último término, lo que el juez español plantearía es cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la UE, lo que, indirectamente, podría suponer cuestionar si han sido correctamente aplicadas esas normas por los jueces alemanes, o bien preguntar cuáles son las acciones que él puede tomar tras la decisión alemana.
La presentación de una cuestión prejudicial podría dejar a Puigdemont en la situación en la que estaba antes de su procesamiento e inmediata petición de entrega, porque la orden podría quedar en suspenso provisional, según fuentes del Supremo.
Es decir, cabe la posibilidad de que esta iniciativa deje aparcada temporalmente la acción penal contra Puigdemont mientras el resto del proceso continúa.
El magistrado del alto tribunal, que emitió una orden internacional de detención contra Puigdemont en la que solicitaba su entrega a España por el delito de rebelión, reaccionaría así a la negativa de un tribunal alemán de extraditar a España al reo por ese delito.
En todo caso, esa negativa no ha sido notificada al Tribunal Supremo, por lo que la eventual decisión del juez se hará esperar, al menos, hasta que se haya cumplido dicho trámite.
Según fuentes del Supremo, lo que Llarena estudia hacer es preguntar al máximo organismo judicial de la Unión Europea, el TJUE, cómo interpretar la legislación marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros.
La cuestión prejudicial consiste en una consulta formal de un juez de cualquier país miembro de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando tiene dudas sobre cómo debe aplicarse una norma comunitaria.
Por su parte, la Fiscalía del Estado también estudia, al igual que el magistrado Llarena, la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «La Fiscalía estudiará la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», señala en una nota la Fiscalía General del Estado.
En su nota, la fiscalía recuerda que la normativa europea señala que las autoridades de un país de la UE al que se reclame una entrega deben limitarse a «un apoyo práctico y administrativo», con lo que parece aludir a que los jueces alemanes podrían haber ido más allá de sus funciones en la gestión del asunto.
«Es preciso destacar que el Considerando de Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros dispone que la función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo», señala la nota.
