La abogada Laura Martínez-Sanz ha pedido este miércoles en el juicio del 'caso Gürtel' la absolución del exconsejero de Madrid Alberto López Viejo ya que no cobró comisiones por actos de la expresidenta regional Esperanza Aguirre y que él "los supervisaba pues tenía que cuidar su imagen".

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles la vista con los informes finales de más abogados de las defensas, entre ellos la de Alberto López Viejo, que fue en la época de Aguirre viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía pide 39 años de prisión para Alberto López Viejo por conceder supuestamente a empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, la organización de 386 actos entre 2004 y 2009, por los que presuntamente se habrían devengado 448.870 euros en comisiones.

Según las fiscales daba instrucciones a la trama sobre cómo había que facturar los eventos, por qué cantidades -siempre inferiores a 12.000 euros para eludir los controles administrativos- y a nombre de qué Consejería u organismo se emitiría la factura.

La letrada defensora ha mantenido que "no hay prueba de que Alberto López Viejo interviniera o presionara en la tramitación de los expedientes" para dichas adjudicaciones.

Ha añadido que no es cierto lo que dicen las acusaciones de que López Viejo fuera el origen de que las empresas de Correa se introdujeran la Comunidad de Madrid pues ya venían teniendo relación desde mucho tiempo antes e incluso organizaron actos de campaña electoral de Esperanza Aguirre.

También ha negado que su defendido provocara esos actos, la mayoría protagonizados por Aguirre, y ha recordado que la expresidenta madrileña en su declaración testifical en el juicio explicó que el gabinete técnico recibía las propuestas de eventos de las consejerías y era ella la que decidía a cuáles iba.

Ha recalcado que López Viejo no se encargaba de los expedientes de contratación ni de la facturación de los eventos sino de "supervisarlos porque tenía que cuidar la imagen de la presidenta".

Ha recordado que veintitrés funcionarios de la Comunidad de Madrid han testificado en el juicio que no recibieron presiones de López Viejo tendentes a que se adjudicaran contratos o se pagaran facturas a empresas de Correa.

Laura Martínez-Sanz ha recordado además que su cliente dependía de la Consejería de Presidencia, cuyo titular era Francisco Granados -investigado en el 'caso Púnica'- y que había una Vicepresidencia primera que ostentaba Ignacio González -imputado en el 'caso Lezo'.

La letrada ha pedido al tribunal que juzgue a López Viejo sin tener en cuenta la repercusión mediática de este caso y como si su cliente fuera una "persona anónima".

Por otra parte ha señalado que el documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, uno de los principales en los que se basan las acusaciones, "es un informe de inteligencia que está muy bien en operaciones de terrorismo pero no para un examen de papeles y contiene meras opiniones para tratar de sustituir el criterio del tribunal".

Además ha pedido la nulidad de las grabaciones efectuadas por el acusado José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) cuya denuncia destapó el caso, al estimar que vulneran el derecho fundamental a la intimidad, así como todas las pruebas derivadas de las mismas.