Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT han convocado el próximo lunes 16 de septiembre una concentración de protesta contra las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a las puertas del Tribunal Supremo, en coincidencia con el acto de apertura del año judicial.

Los convocantes de la protesta, bajo el lema "Gallardón acaba con la justicia para todos", consideran que no hay ningún motivo para celebrar la apertura del año judicial, porque, en su opinión, el ministro ha convertido la Justicia "en una institución cada vez más alejada de la ciudadanía, con menos medios y menos independiente".

Las organizaciones sindicales han invitado a participar en el acto a todos los colectivos relacionados con la Administración de Justicia y a la ciudadanía en general.

CCOO, CSIF, STAJ y UGT presentaron a Ruiz-Gallardón una carta en la que señalan que los trabajadores del sector no se quedarán con los brazos caídos ante las reformas que "están dando al traste con años de esfuerzo y compromiso con la Administración de Justicia y con los derechos que tanto ha costado conseguir".

Los sindicatos han exigido que las reformas en la Administración de Justicia garanticen la conservación de las plantillas, el mantenimiento de las retribuciones de los empleados públicos y el compromiso de que ningún trabajador será obligado a cambiar de localidad en su puesto de trabajo.

En el escrito, las organizaciones sindicales han reiterado además su "firme oposición a cualquier proceso de reforma que dificulte el acceso de la ciudadanía al servicio público de la Administración de Justicia, que debe ser universal y gratuito".

Por ello, han solicitando la paralización de los procesos de privatización anunciados en los Registros Civiles y en los actos de comunicación, embargos y lanzamientos; la paralización de la propuesta del comité de expertos de eliminación de los partidos judiciales y juzgados de paz, así como la derogación de la Ley de Tasas Judiciales.

Igualmente, los sindicatos han instado al Ministerio de Justicia a abrir "un proceso de negociación colectiva para la recuperación de los derechos laborales, sociales y económicos que nos han sido recortados con la excusa de la crisis económica".

En el texto, los sindicatos han resaltado que los recortes no están contribuyendo a la recuperación económica, sino todo lo contrario, y solo sirven como excusa para el desmantelamiento de los servicios públicos y la pérdida de derechos de los funcionarios y de la ciudadanía.