A falta de política entre la Generalitat y el Gobierno, ambos contendientes siguen en su enfrentamiento abierto por la vía judicial para celebrar e impedir, respectivamente, el referéndum del 1-O. El conflicto se recrudece por momentos porque todo indica que el Consejo de Ministros llevará este viernes al Constitucional la reforma para la desconexión exprés, mientras la Guardia Civil sigue investigando a cargos no sólo del Govern y la Generalitat se prepara para denunciar al juez instructor entre otras cosas por dilatar el secreto del sumario injustificadamente.
El Consejo de Estado ha debatido a primera hora de este jueves la reforma del reglamento del Parlament, tal como le pidió el Gobierno central, y ve fundamentos jurídicos para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Así las cosas, lo más probable, según fuentes de la Moncloa, es que el Consejo de Ministros del viernes decida presentar el recurso..
En concreto esta institución considera, por unanimidad, que la modificación en las normas vulneran el derecho de participación política en condiciones de igualdad que está reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, según informa la Agencia Efe.
LA GUARDIA CIVIL SIGUE CON LOS INTERROGATORIOS
Mientras el Consejo de Estado estudiaba la reforma del reglamento del Parlament en Madrid, en el cuartel de Travessera de Gràcia de Barcelona la Guardia Civil seguía tomando declaración a responsables del Govern y ha inculpado este jueves al director general de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, a raíz de las investigaciones que está realizando por los preparativos del referéndum del 1-0. Clotet ha sido citado como testigo, pero en el transcurso del interrogatorio se le ha comunicado que se le cambiaba la condición y se le ha requerido que llamara a un abogado. Tras este hecho, el director general se ha acogido a su derecho a no declarar. Con este alto cargo ya son dos los inculpados policialmente: este miércoles pasó lo mismo con el secretario general de Presidència, Joaquim Nin.
Después, ha sido interrogado como testigo el exportavoz del Pacto Nacional por el Referendum (PNR), Joan Ignasi Elena. Tras declarar, Elena ha denunciado que el Gobierno utiliza los "instrumentos del Estado" para "perseguir y destruir" la disidencia política. "Hay que decir basta. Esto no va de independencia, de opinar de una forma o de otra, va de democracia y de respeto a la diferencia", ha exclamado,
Las pesquisas de la Guardia Civil se enmarcan en la causa que tramita el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer por las palabras pronunciadas en algunas conferencias por el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal en las que afirmó que el Govern había obtenido datos fiscales de todos los catalanes “de forma ilegal” y que había una partida "camuflada" en los presupuestos de 400 millones para organizar el referendum. Por ahora, en esta causa solo constan como investigados (antes imputados) tres personas: el propio Vidal, el comisionado para la Transición Nacional de Catalunya, Carlos Viver Pi-Suyer, y el secretario de Hacienda del Govern, Lluis Salvador.
Además, los interrogatorios de funcionarios que está realizando la Guardia Civil desde hace meses son policiales. Eso sí, el juez encargó a los agentes que investigaran los hechos y, sobre todo, esa partida de 400 millones "camuflada". En este sentido, el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, ha colgado en Twitter la citación de un funcionario en la que figura que las pesquisas fueron ordenadas por el juez. Una de las líneas de investigación es la creación de la página web por parte de la Generalitat y que después fue traspasada al PNR. Los investigadores sospechan que se costeó con esa partida escondida.
Los servicios jurídicos del Govern de la Generalitat estudian denunciar la investigación de la Guardia civil contra miembros del Govern por el referéndum convocado para el próximo 1-O. Según fuentes gubernamentales, existen bases "muy sólidas" para actuar judicialmente por la reiterada prolongación "injustificable" del secreto de sumario. De hecho, el juez instructor del proceso ha acordado hoy prorrogar por un mes el secreto de las actuaciones, lo que permitirá a la Guardia Civil continuar con las indagaciones durante el mes de agosto y situarse casi a las puertas de la Diada del 11 de septiembre.
