El Tribunal de Cuentas reclama a Artur Mas 5.251.948 euros por la consulta del 9-N, la cantidad que se gastó (unos 4,8 millones) más los intereses generados. Este lunes, este órgano ha comunicado las conclusiones en torno a las diligencias abiertas contra el expresidente de la Generalitat y tres de sus consellers por usar fondos públicos en el proceso participativo de 2014.
Ahora, los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza, cifrada en un monto global de 5,5 millones de euros y de no poder ejecutarla se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, todo su patrimonio.
Además de Mas, la mayor fianza corresponde a Irene Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles: 3.044.399,09 euros, en lo que constituye la partida más elevada. A continuación, Francesc Homs responde por 2.127.580,09 euros (cuatro partidas) y Joana Ortega por 839.439,75 (cinco). La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno no tiene dinero los demás habrán de responder por él.
Del total de 5,2 millones, la cantidad de 4.831.599,03 euros corresponde a los gastos efectivamente realizados y otros 420.349,14 a intereses.
EL PROCEDIMIENTO "HABITUAL"
El Tribunal de Cuentas ya dijo que con Artur Mas y demás investigados se ha seguido el "procedimiento habitual" en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la ley de funcionamiento del Tribunal.
La denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
INHABILITADOS POR EL SUPREMO
Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.
En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.
