Tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no quisieron dejar pasar el acto de apertura del año judicial sin disipar cualquier duda que pudiera existir sobre el papel que juegan el ministerio público y el poder judicial frente al proceso independentista. Mientras Lesmes anunciaba que "nadie sufrirá por cumplir la ley", Maza afirmaba que "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del estado de derecho y de la democracia, no caben vaciaciones de clase alguna" y garantizaba por parte de la fiscalía "una actuación serena, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación de las instituciones del estado de derecho" que, según la carta magna, es "esta patria común e infivisible de todos los españoles".

Por ello, Maza aseguró que todas las fiscalías, la de la Audiencia Nacional, la del Tribunal Constitucional, la del Tribunal de Cuentas, la de Catalunya y las de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona "seguirán actuando con celeridad y coherencia siempre con plena sujeción a la legalidad, para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional", porque "el ministerio fiscal está obligado a desplegar una defensa activa de la España constitucional".

El ministerio público "no abriga ninguna duda sobre sus obligaciones y de su vocación como promotor de la acción de la Justicia, con la clara convicción de que el respeto a la ley garantiza nuestra convivencia, porque solo bajo su amparo y vigencia es posible el ejercicio de la libertad y el disfrute de la seguridad a las que tienen derecho todos y cada uno de los ciudadanos", afirmó en su intervención ante el Rey Felipe VI.

Inaceptables voluntades unilaterales

Por su parte, Lesmes optó por destacar la importancia de la Constitución, como "conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento" que corresponde garantizar al poder judicial junto al resto de poderes del Estado. "Por ello las voluntades unilaterales que pretenden disponer" de ella "son inaceptables y violentan la propia democraci, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo", sentenció.

El deber de "inexcusable cumplimiento" de los jueces es "asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes" sobre todo con relación a quien se pueda sentir amenazado por el legítimo ejercicios de esos derechos, explicó Lesmes para añadir que también deben los magistrados amparar "a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte del territorio nacional".

Por si había alguna duda, señaló que "un poder judicial único, fuerte e independiente es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles". Sus últimas palabras fueron para insistir: "Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la ley".

Atentados

Maza, que destacó las causas por yihadismo supusieron en 2016 el 40% de la carga de trabajo de la Audiencia Nacional, también se refirió a "la barbarie y a la sinrazón absoluta" que supusieron los atentados de Barcelona y mostró su compromiso para que todos los que comparten responsabilidades sigan trabajando "desde el rigor y la eficacia en la lucha contra este terrorismo yihadista, tan cruel e inhumano".

Lesmes, que recordó a las víctimas de los atentados de Barcelona, pidió "unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad" como respuesta al terrorismo, porque "la libertad no se negocia, no está en venta".