Los críticos con Pedro Sánchez han decidido este miércoles cortar por lo sano de la manera más expeditiva posible: provocando la dimisión de 17 miembros de la ejecutiva federal del PSOE. Fuentes de este sector aseguran que ahora el tan discutido secretario general debería dejar también su puesto y dar paso a una gestora porque así lo recogen los estatutos del partido, pero estos admiten varias interpretaciones. A ellas se agarraban estos días los colaboradores de Sánchez para sostener que no tenía por qué irse si se daba el supuesto que al final se ha acabado produciendo.

La primera objeción, y más importante, tiene que ver con el número de dirigentes de la dirección socialista que han dimitido. El artículo 36, punto o, de la norma que regula a los socialistas a nivel estatal recoge que “cuanto las vacantes en la Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar un Congreso extraordinario para la elección de una nueva ejecutiva federal”.

Sin embargo, el precepto no aclara si esa “mitad más uno de sus miembros” se debe computar de acuerdo a la cantidad original de integrantes en el organismo o bien a la que haya en el momento anterior a producirse las bajas. La dirección socialista que salió elegida del congreso del 2014, en el que Sánchez asumió el liderazgo del PSOE, se componía de 38 miembros. Pero tres de ellos ya no están: Pedro Zerolo falleció en el 2015 y tanto el exlíder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, como el canario Javier Abreu abandonaron el organismo por distintos motivos. Estas tres bajas más los 17 que han dimitido este miércoles suman 20, mientras que los que han pertenecido fieles a Sánchez son 18. Estas son las cuentas que hacen los críticos.

Los fieles al hasta ahora secretario general, en cambio, consideran que las cuentas deben hacerse con arreglo al número de miembros que la ejecutiva tenía en la actualidad. Es decir, 35. En ese caso, los críticos necesitarían 18 dimisiones, y no 17, para lograr su objetivo.

La segunda objeción tiene que ver con quién se encargaría ahora de pilotar el partido hasta el congreso, que no tendría lugar de forma inminente, como ha pretendido Sánchez para intentar mantenerse en el cargo, sino cuando se resuelva la gobernabilidad de España. Lo lógico sería que fuese una gestora, pero los estatutos tampoco lo aclaran.