El Gobierno central ha estudiado la posibilidad de que la mitad del Parlament proclame a Carles Puigdemont, huido a Bruselas, presidente de la Generalitat a distancia. En la Moncloa quitan importancia a ese «posible espectáculo» y dan por seguro que la anulación del pleno por parte del Tribunal Constitucional llegaría a las pocas horas de iniciar todo el proceso de impugnación, incluso el mismo día porque se espera una sesión parlamentaria «larga».

El equipo gubernamental que prepara los posibles recursos si hay «un nuevo desafío legal» confía en que Roger Torrent, nuevo presidente de la Mesa, no dé razones para ponerlos en marcha. Así se lo advirtió ayer directamente el ministro Íñigo Méndez de Vigo. El portavoz del Ejecutivo central advirtió al político de Esquerra Republicana de que no cometa «los errores del pasado», en referencia a su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, y sus causas pendientes con la justicia.

El Gobierno central ya anunció la semana pasada que recurrirá contra cualquier opción que incluya la investidura de Puigdemont de forma telemática o a distancia, delegando en otra persona la lectura de su discurso. Esa impugnación, si se conoce con antelación, se hará antes de la celebración del pleno del Parlament. Pero si Torrent, cuando convoque la sesión parlamentaria, no concreta el nombre del candidato (algo que permite el reglamento de la Cámara) ni tampoco la manera en la que intervendría el expresident, el Ejecutivo central se puede encontrar por sorpresa con Puigdemont hablando a distancia. El grupo parlamentario del PSC ya ha avisado de que en ese caso abandonaría el hemiciclo.

Fuentes gubernamentales afirman que en ese momento podrían apurar los tiempos y comprimir en pocas horas todos los pasos requeridos para obtener la suspensión de la proclamación de Puigdemont: la petición de un informe al Consejo de Estado sobre la legalidad de la sesión en el Parlament, la reunión del Consejo de Ministros y la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Las mismas fuentes aseguran que la anulación de la investidura podría llegar el mismo día, porque se espera que el pleno de la Cámara autonómica sea «largo». De esa manera, el nombramiento no tendría que publicarse en ninguno de los documentos oficiales ni tampoco se daría lugar a que el rey Felipe VI tuviera que estampar su firma en el decreto de nombramiento.

Méndez de Vigo fue preguntado ayer por la entrevista concedida por Puigdemont a Catalunya Ràdio, en la que el político catalán consideró que es una inmoralidad que no se le respeten sus derechos de diputado. «Una inmoralidad es sustraerse a la acción de la justicia», declaró el ministro.