El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé dar hoy un paso más en la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña con la que se pretende cerrar toda posible vía de financiación del referéndum del 1 de octubre. Montoro ha decidido imponer a la Generalitat el adelanto del cierre presupuestario del 2017 de modo que a partir de ahora ningún organismo de la Administración catalana podrá contraer ningún nuevo compromiso de gasto hasta que acabe el año. Durante este periodo, solo se podrán pagar las obligaciones ya contraídas, los gastos de funcionamiento y el suministro de los servicios esenciales.

Esta es la reacción que ha adoptado el ministro Montoro después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, haya desobedecido la obligación impuesta por el Gobierno de presentar un acuerdo de no disponibilidad (plan de recortes de gasto) en un plazo de 48 horas, que venció ayer. «Si el presidente Puigdemont no adopta ese acuerdo de no disponibilidad (recortes), lo adoptará el ministro», advirtió Montoro el viernes a modo de ultimátum.

La orden del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado el sábado indicaba que el acuerdo de no disponibilidad debía afectar a todas los partidas de gasto sin afectar a los funcionarios ni a los servicios esenciales, como educación y sanidad. Formalmente esta petición, al amparo de la ley de estabilidad presupuestaria, tiene como objetivo garantizar que Cataluña cumple el objetivo de déficit asignado para este año; en el fondo, esta medida busca cercar las finanzas de la Generalitat ante el pulso independentista.

En la orden ministerial se establecía que «en caso de no ser adoptado en el plazo establecido», dicho acuerdo de no disponibilidad se adoptará por el ministro de Hacienda «que lo comunicará al presidente de la Comunidad Autónoma y a su Intervención General». El ministro prevé hacerlo hoy y publicar el acuerdo en el BOE del jueves.

LA NÓMINA

Mientras tanto, Hacienda está a la espera de que la Generalitat envíe al ministerio el listado de gastos ya comprometidos para empezar a dar las órdenes de pago correspondientes. Del envío de estos listados dependerá, por ejemplo, que los empleados públicos de la Generalitat puedan cobrar la nómina a partir del 26 de septiembre.

Por su parte, el consejero catalán de Economía, vicepresidente del Govern y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sorprendió ayer a todos al segurar que el Tribunal Supremo había suspendido la intervención de las cuentas de la Generalitat al admitir a trámite el recurso de la Generalitat, en base a «la jurisprudencia del Tribunal Supremo», contra la intervención de facto de las cuentas del Govern por el Gobierno del Estado. El Tribunal Supremo aclaró que no es así, que la admisión a trámite no suspende la actuación del Estado y dio diez días a las partes para posicionarse.