Todo igual, cada uno en su derrota. La reunión de la Junta de Seguridad, organismo de enlace entre el Gobierno, vía el Ministerio del Interior, y la Generalitat, presidida por Carles Puigdemont, no ha apoprtado nada más que una nueva ocasión para el enroque. Por un lado, el ministerio insiste en que el referéndum es ilegal y que el Gobierno "no permitirá, ni puede permitir" que se celebre. La Generalitat ha dado claras pistas de que hará lo posible por mantener adelante la votación.

A diferencia de la reunión del 10 de julio, aún con el 'conseller' Jordi Jané, ha habido pocas sonrisas en el Palau de Pedralbes. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tras mostrar su disconformidad por cómo se ha convocado esta junta de seguridad (“sin pactar fecha, ni orden del día”) ha desvelado que ha pedido al ‘president’ que desconvocara el referéndum del domingo. Con obvia respuesta negativa.

La segunda petición, consecuencia de esa negativa, es la de que “ayude” a hacer cumplir “la ley y a defender el Estado de derecho”, es decir, facilitar que no se vote el domingo. Nieto ha mostrado el “compromiso absoluto y toda la determinación” necesaria para impedir la consulta vinculante. “Si no se vulnera lo dispuesta por la juez”, es decir, si no se abren los colegios electorales, “no tiene por qué haber una respuesta violenta”, ha aseverado Nieto quien ha hecho votos para que la ciudadanía catalana mantenga en todo momento un tono reivindicativo “pacífico”. “Deseamos que ningún cuerpo policial sea protagonista el domingo” ha señalado el secretario de Estado antes de reiterar que el Gobierno de Mariano Rajoy “no va a permitir ni puede permitir” que se celebre el referéndum.

Nieto ha acabado su intervención con un mensaje al “pueblo catalán”: “Tranquilidad y confianza en que el Estado va defender el estado de derecho”.

"Oportunidad y congruencia"

En cambio, en un sentido radicalmente opuesto, el ‘conseller’ de Interior Joaquim Forn, ha subrayado que , el ‘conseller’ de Interior, Joaquim Forn, ha dejado claro que se permitirá la celebración del referéndum y que en todo caso, los Mossos, en su función de policía judicial, actuarán -según ha dicho en la reunión el propio ‘president’ Carles Puigdemont- con “oportunidad y congruencia” y que por encima de todo existe un bien supremo que es la “convivencia ciudadana”.

Forn ha sido explícito cuando le han preguntado si se permitirá la consulta: “El compromiso del Govern es clarísimo: que se pueda votar y se pueda hacer [el referéndum]” y ha añadido que “como policía judicial tenemos un mandato que no podemos obviar y hemos de cumplir de la mejor manera posible, que no cree problemas más grandes de lo que se quiere evitar, este es el bien superior; en un momento en el que habrá miles de personas que saldrán a la calle a expresar una voluntad política, tendremos que decidir de qué manera se hace y cómo”.

Preguntado sobre cómo se conjuga la voluntad de permitir el referéndum con el cumplimiento de las órdenes judiciales en un sentido contrario, Forn ha contestado que “se tendrá que hacer, nos tendremos que romper la cabeza, no pararemos la convocatoria del referéndum y tampoco podemos poner contra las cuerdas a la policía”.

El ‘conseller’ ha subrayado que las órdenes iniciales del fiscal del TSJC para realizar un cordón de seguridad de 100 metros en torno a los colegios electorales y actuar incluso en la via pública han quedado anulados al tomar el mando la magistrada del juzgado número 13 del TSJC.

Forn ha explicado que en el seno de la reunión de la Junta de Seguridad, la parte catalana ha reivindicado las competencias de los Mossos en materia de seguridad ciudadana en Catalunya.