El Parlament ha presentado este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución que aprobó hace unos días la Diputación Permanente de la Cámara con los votos a favor de JxSí y CSQP, la abstención de la CUP y el voto en contra de Cs, el PSC y el PP.

JxSí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse porque, entre otras razones, el cese del Govern no era una "medida necesaria o indispensable".

En el recurso presentado ante el TC, el Parlament solicita que se declare inconstitucional el acuerdo del pleno del Senado que aprobó la aplicación del 155, así como "todas las disposiciones que se han dictado (...) en desarrollo o como complemento o adición de las medidas" solicitadas al amparo del citado artículo. En concreto, se refiere al cese del 'president' Carles Puigdemont, del vicepresidente y del resto de 'consellers', a la disolución del Parlament y convocatoria de las elecciones del 21-D, la destitución de otros altos cargos y la delegación de competencias de la Generalitat en diferentes ministerios del Gobierno central.

La Cámara alega en su escrito que "con la aplicación del artículo 155 no cabe la posibilidad de suspender o alterar el régimen de autogobierno de la Generalitat", por lo que, añade, este artículo "solo permitiría adoptar, en su caso, las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general".

Gradual, proporcional y transitorio

Basándose en la doctrina aplicada en otros países como Alemania o el Reino Unido, el Parlametn considera que las medidas que se adopten "además de ser respetuosas y compatibles con la autonomía política", deben ser graduales, proporcionales y transitorias en el tiempo y con efectos reversibles. Asimismo, recalca que la aplicación del 155 no puede legitimar "actuaciones que la propia Constitución prohíbe", como la limitación de derechos fundamentales, entre los que cita el de "representación política".

De igual modo, el recurso considera que el cese del Govern quiebra el principio de autonomía y el modelo parlamentario de gobierno que garantizan la Constitución y el Estatut.