El Tribunal Supremo no ha sido indulgente con Oriol Junqueras. El recurso del líder de ERC contra su prisión preventiva no conmovió a los magistrados, y tendrá que seguir en la cárcel de Estremera. La decisión tiene repercusiones en la preparación de la nueva legislatura catalana: con Junqueras fuera de juego por un tiempo, el foco vuelve a Carles Puigdemont, que debe decidir en los próximos días si permanece en Bruselas o regresa para intentar su investidura.

Los partidos independentistas -y otros actores políticos, como los comuns- reaccionado ayer con indignación al auto del Supremo: Puigdemont llegó a decir que Junqueras y el resto de encarcelados relacionados con el procés «ya no son presos políticos, son rehenes». Pero deben compatibilizar ese enojo con la habilidad que requiere una negociación tan enrevesada como la que les ocupa estos días.

El tiempo apremia: el día 17 se constituye el Parlamento, y los soberanistas no tienen asegurada la mayoría en las votaciones que decidirán la composión de la Mesa de la Cámara. Ese órgano, fundamental en la interpretación del reglamento, estará condicionado por la decisión que adopten los ocho diputados electos de JxCat y ERC que o bien están en prisión -los casos de Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn- o bien huyeron a Bruselas, como son Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, además de Puigdemont.

EL CONTROL DE LA MESA / Sin ellos, los soberanistas se quedan con 62 diputados, a merced de que un momento de improbable acuerdo de los partidos no independentistas les arrebate el control de la Mesa. Por eso, la decisión de Puigdemont, que condicionará la que tomarán los electos que están en su misma situación, es crucial para empezar a desenredar la madeja que las elecciones del 21-D solo contribuyeron a aumentar.

El expresidente no ofrece de momento ninguna pista, y en su entorno dicen que, a menos de dos semanas de la constitución del Parlament, aún es «precipitado» plantear si los electos que no podrán ocupar su escaño ese día renuncian al acta para que el siguiente candidato de la lista complete la mayoría independentista.

Sin embargo, todas las propuestas imaginativas que JxCat ha lanzado presentan dificultades que parecen insalvables. El principal objetivo de Puigdemont era alcanzar un pacto con el Estado que le permitiera volver a Cataluña sin ser detenido, pero el PP ya ha invocado la separación de poderes para negar cualquier opción a esa vía. Además, la interlocutoria del Supremo en relación a Junqueras es lo bastante contundente como para que los independentistas tengan claro que la presión judicial no va a aminorarse.

Tampoco parece fácil la «investidura telemática» que han defendido voces posconvergentes, y que no se compadece con el reglamento del Parlamento. De intentar esa vía, los recursos ante el Tribunal Constitucional y las protestas de la oposición estarían asegurados.

La posibilidad de que Junqueras se convierta en presidente, que defendieron entre otros el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, se ve debilitada con la decisión del Supremo de mantenerlo en prisión. Su abogado, Andreu van den Eynde, aseguró que Junqueras podría liderar el Ejecutivo desde la cárcel, pero admitió que solo podría salir del centro para ir a los plenos, y siempre dependería del juez.

EL AUTO DEL SUPREMO / Oriol Junqueras permanecerá en prisión preventiva porque no ha renunciado «al enfrentamiento con el Estado» para lograr la independencia de Cataluña. Así lo ven los magistrados del Tribunal Supremo que ayer decidieron por unanimidad desestimar la excarcelación pedida por el exvicepresidente. El líder de ERC había solicitado salir de Estremera, porque, a su juicio, ha demostrado que es «un hombre de paz» y debe defender los derechos del casi millón de catalanes que lo votaron el 21-D. Pero sus argumentos no convencieron a los jueces.

En un auto de 25 folios, el ponente, Miguel Colmenero, describe ampliamente por qué consideran que hay indicios suficientes de que Junqueras ha cometido los delitos de «rebelión, sedición y malversación de fondos públicos» y subrayan la posibilidad de que reincida, ya que ha sido elegido diputado y se presentó como el candidato de ERC a presidir la Generalitat. Colmenero destaca que el dirigente catalán, junto con otros miembros del Ejecutivo, del Parlament y otras instituciones, «se han alzado contra el Estado español, contra la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico».

El ponente deja claro que la sala no está de acuerdo con la expresión de «presos políticos» para referirse a Junqueras y otros líderes soberanistas. No lo son, asegura, porque defender esa opción política es «legítimo», pero debe hacerse «sin cometer delito alguno».