La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha emplazado hoy al nuevo Gobierno a abordar la reforma de la Justicia de manera urgente e inaplazable, mediante un Pacto de Estado que cuente con el consenso de las fuerzas políticas y sociales y de los operadores jurídicos.

Durante un encuentro con periodistas en el Club Internacional de Prensa, Bravo ha subrayado que, al comienzo de la legislatura, es el momento de manifestar al nuevo Gobierno y al Parlamento que la reforma de la Justicia ha de ser una prioridad en la agenda política. "La reforma de la Justicia es una cuestión ya inaplazable", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que la crisis no puede ser el obstáculo o la excusa para no abordar la modernización de este servicio público.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha indicado que, a pesar de las inversiones realizadas en los últimos años, la Justicia sigue teniendo graves problemas de eficacia y eficiencia, que motivan la insatisfacción de los operadores jurídicos y de los ciudadanos.

En este sentido, ha pedido un aumento del número de jueces y de los medios materiales, pero ha recalcado que los problemas de la Justicia son mucho más profundos: "el modelo está prácticamente agotado y ya no es capaz de rentabilizar los recursos que se están invirtiendo".

Por ello, ha opinado que es la hora de abordar cambios organizativos, estructurales y en los procedimientos para rentabilizar las inversiones presupuestarias y conseguir resolver los conflictos de los ciudadanos en unos tiempos razonables.

Bravo ha apuntado que los problemas de la Administración de Justicia no radican en su politización, al considerar que, en España, "los jueces son independientes e imparciales y están comprometidos con un servicio público básico y fundamental en un Estado de Derecho".

Ha estimado que tampoco se van a resolver los problemas con cambios en el sistema de nombramientos del CGPJ y otros organismos, anunciados por el Gobierno, "que son opciones del legislador que poca incidencia van a tener en la eficiencia y eficacia que está reclamando el ciudadano".

Sobre esta cuestión, Bravo ha mostrado su respeto a cualquier decisión del legislador en este aspecto, si bien ha defendido el actual sistema elección por designación parlamentaria. También se ha referido a la posibilidad apuntada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de habilitar el mes de agosto para que los tribunales celebren juicios, que, desde su punto de vista, "puede ser interesante" y no le parece "descabellada" ante los cambios culturales que se han producido en la distribución de las vacaciones en los últimos años.

Según la portavoz del Consejo, la solución al atraso de la Justicia tampoco está en introducir tasas que responsabilizan al ciudadano de los obstáculos que se vienen arrastrando desde tiempos históricos.

Entre otras reformas, ha destacado la importancia de impulsar una nueva Ley de Planta y Demarcación para reagrupar partidos judiciales con el objetivo de optimizar recursos, además de abordar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La creación de los tribunales de instancia, el desarrollo de la nueva Oficina Judicial, la generalización del uso de las nuevas tecnologías y la especialización de los jueces han sido otras de las propuestas formuladas por la portavoz del CGPJ.