De todas las razones que explican la escasísima producción normativa del Congreso durante esta legislatura, desde el protagonismo de la situación en Cataluña hasta la dificultad del Gobierno para articular mayorías, pasando por su uso del veto a los proyectos ajenos, la ampliación del trámite de enmiendas es poco conocida, pero muy eficaz. El instrumento tiene una enorme capacidad de influencia en la vida parlamentaria: mantiene paralizadas 15 proposiciones de ley que la oposición logró aprobar en el pleno de la Cámara baja y evidencia la sintonía del PP y Ciudadanos.

Al carecer de la mayoría del hemiciclo, conservadores y naranjas, que suman 169 escaños, no pueden impedir que el resto de grupos saquen adelante iniciativas si se unen entre sí. Pero los partidos liderados por Mariano Rajoy y Albert Rivera tienen, en cambio, el control de la Mesa, gracias a la colaboración del PDECat y el PNV, que se abstuvieron en una votación clave en julio del año pasado. Cinco de los nueve miembros son suyos.

El órgano, que gobierna el Congreso, puede prorrogar indefinidamente el plazo de enmiendas a las proposiciones de ley, que quedan así en el limbo, recurso que PP y Ciudadanos no dejan de utilizar. Cuando no lo pide uno, lo pide otro, con alguna ayuda de los satélites de los conservadores, UPN y Foro Asturias.

PROPUESTAS SOCIALES / La mayoría de las iniciativas bloqueadas son de carácter social. La reforma de la LOMCE se aprobó, a instancias del PSOE, en noviembre del 2016. El reglamento del Congreso fija como normal un plazo de 15 días hábiles para presentar enmiendas, pero más de un año después, la iniciativa sigue atrapada en el mismo trámite, que se ha ampliado 38 veces.

La misma suerte ha corrido la subida del salario mínimo. Unidos Podemos logró sacar adelante su toma en consideración, pero ha habido 37 prórrogas. La ley para recuperar la justicia universal, propuesta por ERC, acumula 29 ampliaciones. La modificación del copago en la dependencia, 27. La derogación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, otras 27. El proyecto para anular el plazo máximo de instrucción en la ley de enjuiciamiento criminal, 20 prórrogas. Así hasta 15 iniciativas. Todas ellas son propuestas cuya tramitación el Gobierno no ha podido vetar de raíz, alegando que afectaban a los Presupuestos Generales del Estado, una vía que la Moncloa ha empleado en 44 ocasiones en lo que va de legislatura.

Ninguno de los portavoces tiene esperanzas de que la situación vaya a cambiar: anticipan que, cuando termine la legislatura, sus propuestas seguirán congeladas. Algunas podrían acarrear entonces más de 120 ampliaciones del plazo de enmiendas, sin que se hayan planteado apenas enmiendas.

«Hay una voluntad de este Gobierno, con la ayuda de Ciudadanos, de paralizar la actividad legislativa. Se ha construido todo un engranaje para que no se apruebe nada», señala la socialista Margarita Robles. Según Joan Tardà, de ERC, el abuso del trámite de enmiendas no es exclusivo de esta legislatura, aunque en este periodo está teniendo más relevancia como mecanismo con el que suplir la minoría parlamentaria del Gobierno, que hasta hoy solo ha aprobado 14 leyes. «Es un proceso de deterioro del poder del Parlamento, que solo acaba ejerciendo su capacidad de control», sostiene.

Joan Baldoví, de Compromís, incide en cómo las votaciones más importantes en esta legislatura, publicitadas como grandes victorias de la oposición frente al PP, no se han traducido en nada. «La subida del salario mínimo, la derogación de la ley mordaza o de la LOMCE han servido solo como grandes titulares de un día».