El alcalde de Mollerusa, Marc Solsona, ha sido uno de los primeros alcaldes citados por la fiscalía en acudir a declarar por los preparativos del referéndum independentista de 1 de octubre, pero se ha negado a hacerlo. Debido a su condición de aforado al ser diputado del Parlament, ha tenido comparecer ante la Fiscalía Superior de Cataluña, en Barcelona.

El edil y diputado por Junts pel Sí ha estado arropado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cargos electos del PDECat y unas 60 personas que se han trasladado desde Mollerusa para darle su apoyo. Solsona ha sido recibido a las puertas de la fiscalía con gritos de "no estás solo" y cánticos de 'Els Segadors'.

Este martes también han comparecido en la fiscalía de la Seu d'Urgell otros dos ediles, José Antonio Troguet, de Pont de Suert, y Miquel Sala, de Oliana. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar.

Las citaciones a alcaldes proseguirán esta semana para prestar declaración como investigados por facilitar locales para el referéndum unilateral, pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. El desfile de regidores se iniciará después de que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) haya decidido investigar a los presidentes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, y de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, por un supuesto delito de desobediencia.

Los alcaldes han sido citados a declarar entre este martes y el próximo lunes en las fiscalías territoriales de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlament aforados, en la Fiscalía Superior de Justícia de Cataluña.

AMENAZA DE DETENCIÓN

Las citaciones de los alcaldes derivan de la instrucción que dictó la semana pasada el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se citara como investigados a los alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos. El propio Maza avisó ayer en que el referéndum unilateral es ilegal por mucha participación que coseche, tratando de refutar uno de los argumentos de los independentistas: que una afluencia masiva a las urnas para dotar de legitimidad a la consulta. «Que lo cometan dos millones de personas no quita que el hecho sea delictivo», alertó el fiscal general en declaraciones a Antena 3, tras advertir de que en el caso de que haya que actuar contra mucha gente, se optará primero por actuar contra «los principales responsables».

En paralelo, el TSJC admitió ayer la querella de la fiscalía contra Lloveras y Buch, alcaldes de Vilanova i la Geltrú y Premià de Mar respectivamente, y nombró como instructor de la causa contra ellos al magistrado Seguí Puntás. El fiscal considera que los presidentes de la AMI y de la ACM han contribuido con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum.

Otros concejales, en este caso del PP y Ciutadans en Lleida, pusieron ayer el grito en el cielo por un cartel que Arran, corriente de la CUP, difundió ayer por las redes sociales en el que insta a «señalar» a los concejales del ayuntamiento de estas dos formaciones y del PSC que se oponen a la celebración del 1-O y rechazan colaborar con su organización. «El tripartito de Lleida PSC, Ciutadans y PP no nos quieren dejar votar. Desobedezcamos. Señalémosles», reza el cartel de Arran.