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Prisión eludible a Forcadell con fianza de 150.000 euros

El resto de miembros de la Mesa disponen de una semana para pagar los 25.000 euros impuestos. Nuet queda en libertad, al no pedir el fiscal para él más que comparecencias, que no hará

 

Prisión eludible a Forcadell con fianza de 150.000 euros - JUAN MANUEL PRATS

Los otros miembros de la Mesa del ‘Parlament’ salen del Supremo, anoche. - JUAN MANUEL PRATS

ÁNGELES VÁZQUEZ
10/11/2017

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el resto de querellados, «no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». De ahí que el magistrado Pablo Llarena no haya aceptado la dura petición fiscal de prisión incondicional para cuatro de ellos. Se limita a enviar a la cárcel madrileña de Alcalá-Meco a Forcadell hasta que pague una fianza de 150.000 euros fijada.

Al portavoz de Junts pel Sí, Lluís Coromina, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet les ha impuesto otra de 25.000 euros a cada uno y disponen de una semana para hacerla efectiva. En el momento en que paguen, tendrán que realizar comparecencias semanales en el juzgado que decidan. Además, deberán entregar su pasaporte y se les prohibirá abandonar el territorio nacional. Joan Josep Nuet quedó en libertad provisional.

El auto niega, basándose en las declaraciones de los imputados, aunque admite que puedan «ser mendaces», el riesgo de reiteración delictiva que la fiscalía esgrimía apoyándose en gran medida en la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El juez destaca que la Mesa del Parlamento ha comparecido siempre que ha sido llamada.

Mientras el ministerio público considera a Forcadell «ideóloga de la secesión», el juez Llarena resalta que tuvo «una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo en cada periodo».

Como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ACN) «perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva (...); una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba» para conducir «a la declaración de independencia».

De ahí que su responsabilidad «no sea comparable» a la que puede atribuirse «a la mayor parte del resto de partícipes», cuyo comportamiento, en cualquier caso, «aparece esculpido en los diarios de sesiones».

El magistrado recuerda «la agravación punitiva» que el Código Penal prevé para la rebelión o la sedición, si de la instrucción se desprende que ese es el delito cometido. Admite la premisa fiscal de la importancia de la movilización ciudadana al considerar «factible» que solo con ella se alcanzara la independencia pretendida por vías no previstas en la ley.

Todos los querellados negaron que concurriera «la violencia» que la rebelión exige, «por más que su voluntad estuviera encaminada a la independencia» de Cataluña, dice. El juez precisa que «un alzamiento es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos» y añade que ello se aleja «de las manifestaciones y reclamaciones colectivas inherentes a los sistemas democráticos actuales».

FIANZA DENEGADA / El juez rechaza la fianza solidaria de responsabilidad civil por 6,2 millones que solicitaba en su querella. El magistrado sostiene que aunque se han aportado «elementos sólidos de que se pudo llegar a consumirse recursos públicos», no hay «base probatoria» en la querella fiscal que «apunte a que finalmente la celebración del referéndum fuera soportada con cargo» a ellos y «menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar».

Señala que las defensas han aportado una certificación de la Intervención de la Generalitat en el que únicamente se reflejan 25.000 euros por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. El magistrado la cree «coherente con la realidad del contorno», después de que los miembros de la sindicatura electoral dimitieran gracias a las multas coercitivas con las que les amenazó el Govern.

Los 6,2 millones de euros también eran reclamados por el fiscal en la querella que presentó en la Audiencia Nacional.