Representantes de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se han manifestado hoy ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para denunciar el impacto de esta técnica y exigir su "inmediata prohibición" en cualquiera de sus formas.
A falta de tres meses para los comicios generales, el portavoz de este movimiento, Esteban Domenech, ha subrayado a la prensa durante la protesta la necesidad de ratificar también el compromiso de una veintena de partidos para que en sus programas veten el "fracking".
De ahí la reunión hoy en el Congreso de los Diputados con las formaciones firmantes del "Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español", este mismo año.
La fracturación hidráulica o "fracking" consiste en inyectar agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas o petróleo.
Según Domenech, miembro de la Plataforma Antifracking de Comarques de Castellón, esta técnica tiene efectos perniciosos no solo sobre el medio ambiente, sino en el tejido socio-económico donde están previstos los proyectos y, ha dicho, lejos de crear empleo lo que hará es "destruirlo" en otros sectores económicos.
Cantabria, País Vasco y la provincia de Burgos son algunas de las zonas donde están más avanzados los proyectos empresariales para arrancar los sondeos de exploración el próximo año, ha añadido.
Durante el acto ante las puertas del departamento que dirige Isabel García Tejerina, los manifestantes han leído un manifiesto en el que se solicita la prohibición "sin excepciones" de todas las formas de fractura hidráulica en las fases de investigación, exploración y explotación.
Este veto "deberá ser independiente del método utilizado, ya sea formación de fracturas con o sin el empleo de sustancias químicas tóxicas, de manera hidráulica o de cualquier otra forma".
Asimismo, se opone a la importación y comercialización de fuentes de energías fósiles producto de esta técnica, y a la reinyección del flujo de retorno o del desecho en el subsuelo de fluidos y aguas de desecho.
Domenech ha recordado, por otro lado, las sentencias dictadas en los últimos años en Estados Unidos -principal país en la explotación del gas esquisto- que condenan a promotores de este tipo de proyectos por no prever los impactos en la salud humana y en el entorno.
Entre los impactos, ha citado la contaminación de acuíferos y aguas superficiales, la contaminación del terreno y de la atmósfera, la micro sismicidad inducida y la emisión de metano, una gas con una potencia 27 veces mayor de efecto invernadero que la del dióxido de carbono (CO2).
Por último, el manifiesto leído por los grupos antifracking pide una modificación de la ley de minería que incluya salvaguardas ambientales más estrictas.
La ley de evaluación ambiental, aprobada en 2013, incluye por primera vez la obligación de que estos proyectos sean sometidos a la declaración de impacto ambiental.
Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas -La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía- han legislado contra la fractura hidráulica, si bien el Tribunal Constitucional ya ha anulado las normas cántabra y riojana.
