Los proveedores de los ayuntamientos con facturas pendientes pueden comunicar a partir de hoy que desean adherirse al plan de pagos del Gobierno, lo que les permitirá empezar a cobrar en mayo. El plazo para acogerse a este mecanismo extraordinario de pago, puesto en marcha por el Ejecutivo con el objetivo de reducir la morosidad de las administraciones, finaliza el 22 de abril, informó ayer el Ministerio de Hacienda.
El plan de pagos del Gobierno es una inyección de liquidez sin precedentes para que la administración territorial haga frente a sus obligaciones con los proveedores. Se establece a través de un crédito sindicado de 35.000 millones de euros a 10 años (financiado por la banca y el instituto de Crédito Oficial), de los que 20.000 servirán para cubrir las deudas de los ayuntamientos, y el resto, para las autonomías. El préstamo tiene dos años de carencia y un tipo de interés cercano al 5%.
El periodo que empieza hoy se refiere a las entidades locales y beneficia a unos 177.000 proveedores. Hacienda prevé dos formas para que estos reclamen el pago de las facturas: por internet (a través de la Agencia Tributaria) y en persona (en el consistorio). En ambos casos, deben aportar un número de cuenta corriente y el importe del principal adeudado con el descuento de la quita, si el proveedor la acepta. Aunque se prevé que se paguen todas las facturas a lo largo del 2012, tendrán prioridad las que ofrezcan una quita mayor, las más antiguas y las de pymes.
Límite, el 20 de abril
El plazo para acogerse a este mecanismo finaliza el 20 de abril, si lo hacen en persona en el ayuntamiento, y el 22 de abril, si es por internet. En caso contrario, advierte el ministerio dirige Cristóbal Montoro, «no van a cobrar por esta vía». La Agencia Tributaria tiene una relación de todas las facturas pendientes, remitidas por las entidades locales, y que son las que el proveedor puede reclamar a partir de hoy. Los contratistas pueden acudir a los ayuntamientos para confirmar si sus facturas están incluidas en esta lista y, si no constan en ella, deben pedir un certificado individual.
Entre el 23 de abril y el 8 de mayo, las entidades locales podrán introducir modificaciones para corregir errores, indicar las facturas que consideren conflictivas, las pagadas a los contratistas y las sujetas a embargos o concursos de acreedores. En la primera quincena de mayo, los plenos de los ayuntamientos deberán aprobarán las operaciones de crédito para pagar las facturas. El Gobierno ha obligado a las entidades locales a presentar planes de ajuste con los que hacer frente a la devolución de estos préstamos.
