El PSOE ha afrontado la crisis territorial de los últimos años con una posición contraria tanto a los dirigentes independentistas como a los del PP, reclamando a los primeros que abandonaran su pulso al Estado y a los segundos que fueran más allá de la ley y ofreciesen “soluciones políticas”. Pero ahora que el Govern se encamina hacia la desobediencia, a raíz de la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, los socialistas han decidido aparcar esta actitud en aras de la unidad con el Ejecutivo central frente a la convocatoria del 1 de octubre. La ofensiva del soberanismo catalán “es de tal gravedad”, argumenta un estrecho colaborador del secretario general, Pedro Sánchez, que solo cabe distinguir, al menos hasta después del 1-0, entre quienes “están con la ley” y quienes “están en su contra”.
“No es tanto momento de las siglas de cada uno, sino de la defensa de la democracia y de las instituciones en Cataluña, que son instituciones del Estado”, dijo el pasado viernes la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, concluyendo así una semana en la que su formación se había esforzado en mostrar sintonía con el Gobierno central. Atrás han quedado las críticas a Mariano Rajoy (hace poco más de un mes los socialistas incluyeron la “incapacidad” del presidente ante la crisis territorial entre los motivos por los que debía dimitir) y también las iniciativas parlamentarias basadas su proyecto de reforma federal de la Constitución.
El pasado 6 de julio, Rajoy y Sánchez celebraron la primera de sus reuniones desde la vuelta de este al liderazgo del PSOE. Ambos dirigentes salieron de allí satisfechos, pero los socialistas señalaron que si el presidente continuaba “atrincherado en posiciones defensivas”, ellos tomarían la iniciativa, registrando en el Congreso de los Diputados “soluciones políticas” basadas en la Declaración de Barcelona, que había sido aprobada poco antes por el PSOE y el PSC. El documento aboga por una reforma de la Constitución que apueste por una España plurinacional, mejoras en financiación e inversiones y la recuperación de los artículos del Estatut recortados por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2010.
COMISIÓN PARA MODERNIZAR EL ESTADO AUTONÓMICO
Los socialistas consideraban que algunas de estas propuestas debían encauzarse en la Cámara baja antes del 1-O, pero finalmente, con el objetivo de lograr que el PP se sume al esfuerzo, han optado por presentar una iniciativa mucho menos concreta. El jueves, justo después de la segunda reunión de Sánchez con Rajoy, en la que el jefe de la oposición trasladó al presidente “todo el apoyo” de su partido, el PSOE registró en el Congreso su proposición para crear una comisión parlamentaria sobre la “evaluación y modernización del Estado autonómico”.
Aunque mencionan de pasada su defensa de una reforma federal de la Constitución, los socialistas se limitan a proponer en su solicitud que el organismo realice “las propuestas que considere necesarias” para “desbloquear el actual desencuentro en relación con la cuestión catalana”. El texto está pensado para ganarse el indispensable apoyo del PP, algo a lo que Rajoy se ha comprometido con Sánchez, pero los conservadores no creen que este sea el momento de un gesto de este tipo. Así que el PSOE ha accedido a que sea aprobado después del 1-O, una cita en la que los socialistas, tras muchos titubeos, han sugerido que también apoyarán al Gobierno si retira las urnas. “Ante un hecho ilegal, el Estado tiene que garantizar la legalidad. Y ahí me voy a quedar”, dijo Sánchez el pasado martes.
“Creemos que es mejor que la comisión empiece a trabajar cuanto antes, pero lo importante es que salga adelante”, señalan en el entorno del líder socialista para justificar que hayan decidido sincronizarse con el PP en esta propuesta, que también contará con el voto a favor de Podemos. Desde el independentismo, el PDECat ha anunciado que participará en el organismo, a diferencia de ERC, pero los socialistas creen que los republicanos podrían cambiar de posición tras el 1 de octubre.
