Los partidos autodenominados constitucionalistas respondieron al envite de la Generalitat con un frente común. PSOE y Gobierno unieron fuerzas, con la suma de Ciudadanos, para frenar el procés tras darse a conocer la determinación de Junts pel Sí y la CUP de aprobar la ley de transitoriedad antes del 1-O. El anuncio llegó con el presidente del Gobierno en la cumbre del G-4 (Francia, Alemania, Italia, España) en París. Aun así, antes de reunirse con sus homólogos, Mariano Rajoy conversó con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien le trasladó su apoyo a las medidas «proporcionales y eficaces» que tome el Ejecutivo.

Ambos dirigentes acordaron abrir un «frente común» para frenar el desafío independentista y desarticular todos los pasos hacia el referéndum que dé la Generalitat. Por la tarde, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, contactó también con el número dos de C’s, José Manuel Villegas, para analizar la escalada de tensión entre el Estado y la Generalitat y los escenarios que se abren desde ahora.

El Gobierno considera que el triunfo de las tesis «radicales» de ERC y la CUP se han impuesto sobre las más moderadas del PDECat y alega que la Generalitat «se ha rendido». Tras conocer la decisión de los partidos en el Govern, fuentes del Ejecutivo concluyeron que no queda «ni un mínimo de sensatez» en la principal institución catalana. Asegura el Gobierno que la ley de transitoriedad «nunca entrará en vigor» puesto que se recurrirán todos los intentos independentistas de romper con España.

El Ejecutivo, PSOE y C’s coinciden en apoyar medidas que frenen el 1-O, pero no confirmaron en qué va a cristalizar ese frente común o si va a promoverse alguna declaración simbólica de respaldo al Gobierno frente al independentismo. Resulta obvio que las tres fuerzas políticas visibilizarán esa posición común, pero no han adelantado detalles.

El PSOE destaca su «rechazo frontal a lo que supone un engaño y un desafío», en palabras de su portavoz, Óscar Puente, en rueda de prensa en Ferraz. Los socialistas entienden que la defensa de la legalidad puede hacerse desde el diálogo político, que, a su juicio, es más necesario que nunca ante la «gravedad» de la situación. La líder de C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, se alineó con el Gobierno al señalar que la ley de transitoriedad «“no se aprobará nunca».