Los socialistas no arrojan la toalla pero podrían hacerlo si en las comparecencias de este miércoles -exministros y expresidentes de comunidades autónomas- y las de los dos próximos miércoles no se producen apuestas reformistas en la Comisión de Evaluación y actualización del Estado Autonómico. El presidente de la comisión, el socialista José Enrique Serrano, quiere lograr un documento de sugerencias con modificaciones de la Carta Magna que afecten a su Título VIII y al Senado, así como a determinados aspectos de la financiación autonómica. Pero hasta el momento, las comparecencias están resultando un jarro de agua fría para el PSOE porque todas sin práctica excepción expresan reticencias insalvables a una reforma constitucional, si bien por diversas razones.

El golpe de gracia a la comisión de estudios, en la que no participan ni los partidos nacionalistas ni Podemos, se lo propinó Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón la pasada semana. El que fuera portavoz del PP -partido en el que militó hasta el 2004- desaconsejó el modelo federal y antepuso una «mutación» de la Constitución, es decir, una nueva interpretación, a su reforma. Miguel Herrero es el político español más laureado por los nacionalistas vascos y catalanes. Aquellos le concedieron en 1998 el premio Sabino Arana y éstos el Blanquerna en 1998 y la Creu de Sant Jordi en el 2000. Es autor además de Los territorios históricos como fragmentos de Estado, una obra que ha marcado las teorías políticas del nacionalismo vasco. Herrero, uno de los padres de la Constitución, ha sido, incluso, asesor de los partidos nacionalistas y pasaba por ser el más comprensivo sobre las dinámicas segregacionistas en Cataluña y el País Vasco.

Herrero no fue el único padre constitucional en enfriar los ánimos. También lo hizo Miguel Roca entre la sorpresa generalizada. El interés por lo que podían exponer ambos comparecientes hizo que asistieran a la sesión miembros del PDECat, entre ellos su portavoz, Carles Campuzano. En versión de uno de los ponentes, ambos políticos «deshincharon la Comisión si es que no nació ya deshinchada». Por su parte, José Pedro Pérez Llorca desestimó como oportuna cualquier reforma constitucional. Criterios que han continuado exponiendo los ponentes que siguieron a los tres padres constitucionales. José Manuel Romay Becaria, presidente del Consejo de Estado, se mostró, incluso, partidario de devolver competencias al Estado; Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, abundó en lo innecesario de una reforma sin consenso y el director del Centro Estudios Sociológicos (CIS) y del Instituto Nacional de Estadística reconocieron que la reforma de la Carta Magna no es una prioridad para los españoles. El último barómetro del Instituto Elcano constata que el grupo más voluminoso de los consultados (el 36%) se decanta por la recentralización.

Salvo que nuevas comparecencias insuflen vida a la esta comisión, tanto el Gobierno como Ciudadanos -que apuesta por otras prioridades como la supresión de los aforamientos y la reforma de la ley electoral- creen que su objetivo ha fracasado y que el PSOE no ha conseguido introducir en la agenda política la federalización del Estado. El propio Pedro Sánchez, a la vista del ambiente que se respira en Madrid sobre la reforma constitucional, ha aparcado el debate sobre la plurinacionalidad de España.

Varios de los comparecientes consideran que «este no es el momento de abrir el melón» porque podría interpretarse -y así lo advirtió el propio Miguel Herrero- como una operación para «apaciguar a los independentistas catalanes». A algunos de los ponentes el simple hecho de que una reforma pudiera parecer una «concesión a los separatistas» lo consideran «motivo suficiente para echar el freno, esperar a que vuelvan al redil e intentar la interlocución, si es posible, por vías que no impliquen en ningún caso alteración de la Constitución ni, incluso, de leyes orgánicas». De tal manera que lo que hace unos meses -antes de septiembre- parecía una salida parcial a la crisis catalana mediante la reforma constitucional, se ha convertido ahora en una medida contraindicada.

Los socialistas se resisten al fracaso que dan por hecho el PP y Ciudadanos y confían en que las comparecencias de los 10 catedráticos, o una representación de ellos, que en noviembre del año pasado presentaron en la Academia de Ciencias Morales y Políticas el documento ‘Ideas para una reforma de la Constitución’, reviva la necesidad de su modificación. Esperan que los catedráticos Eliseo Aja, Enric Fossas Espadaler, Joaquin Tornos Mas, Francesc de Carreras y Víctor Ferreres Comella -todos ellos catalanes- insuflen nuevos ímpetus al reformismo del PSOE. Cunde, sin embargo, el escepticismo si -en palabras de uno de los comparecientes- «se supone que con las reformas que pueda recomendar esta comisión se disminuye la envergadura de la crisis catalana». En los socialistas hay sensación de fracaso. En el PP, seguridad de que este ya se ha producido. Y en los nacionalistas vascos e independentistas catalanes, indiferencia. El independentismo catalán ha conseguido que el reformismo español deje de serlo. Al menos, de momento.