La cíclica rebelión contra el cupo vasco ha vuelto. Sobre todo de la mano del PSOE, con los presidentes de Valencia y Andalucía hablando de "modular" un instrumento que "produce asimetrías". Pero también del PP: los ejecutivos conservadores de Murcia y Castilla y León se han sumado a varias autonomías socialistas para criticar el cálculo en los informes que remitieron recientemente al Ministerio de Hacienda. A dos meses de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, con el PSOE y el PP exponiéndose a un mal resultado en Euskadi y los socialistas confiando en el PNV como potencial aliado para volver a la Moncloa, la reivindicación es arriesgada. Las direcciones de los dos partidos mayoritarios trataron ayer de aplacar las críticas de sus dirigentes territoriales, que los nacionalistas vascos consideran ya una "campaña organizada" para "deslegitimar" el concierto.

Pero lo que está en cuestión no es el concierto, que es el régimen económico y fiscal propio de Euskadi, recogido en la Constitución. Lo que diversos barones socialistas y populares abogan por cambiar es el cupo, la aportación anual que realiza el País Vasco al Estado en concepto de gastos generales que este asume por las competencias no transferidas, como Defensa, infraestructuras y representación exterior.

LAS "DEFICIENCIAS" // "Los socialistas se sienten a gusto y cómodos con el concierto y el cupo vascos", señaló en Asturias el líder y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, para quien "el verdadero debate está en actualizar el sistema de financiación autonómica", algo que también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere cambiar en el primer semestre del 2016 si logra mantenerse en el poder. "La gran ventaja del PSOE es que lo tiene escrito. El 6 de julio del 2013 se aprobó una declaración en la que se plantea nuestro modelo constitucional. En ella se reconocen dos cosas que no están puestas en cuestión: el concierto y el cupo vascos", concluyó Sánchez, en referencia a la conocida como Declaración de Granada, donde los socialistas acordaron su modelo de reforma de la Carta Magna. El texto defiende el cupo, pero también reclama "perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica".

Los líderes territoriales socialistas, mientras tanto, insistieron en sus tesis. El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, argumentó que el cálculo de la aportación del País Vasco traía consigo "asimetrías". El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, dijo en TV-3: "Cupo sí; cuponazo, no".

LA DEFENSA // Desde el PP, su vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, que es vasco pero subrayó que hablaba en nombre de la dirección nacional del partido, también hizo una "defensa férrea" del cupo y el concierto. Maroto dijo que los "sorprendentes ataques" a la financiación de Euskadi solo provenían del PSOE y Ciudadanos, fuerza que, informa Pilar Santos, sí que está abiertamente en contra del concierto. Su vicesecretario general, José Manuel Villegas, explicó que "la integración fiscal europea hace imposible" una "excepcionalidad" que es "injusta" para el resto de territorios.

Pero el cupo también provoca malestar en las filas del PP. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, dijo el pasado julio que lo considera "una discriminación respecto a otras comunidades históricas", aunque la autonomía que gobierna evitó este año, a diferencia del pasado, cuestionar los "privilegios" de Euskadi en el informe que remitió al Ministerio de Hacienda para evaluar el sistema de financiación. Sí lo hicieron, en cambio, Murcia y Castilla y León.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro dejó ayer claro, a través de un comunicado, que no compartía esa posición.