PSOE y PP han alcanzado un pacto tácito, y por tanto inconfeso, respecto al desenlace de los recursos interpuestos contra el Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional (TC). Ambos partidos quieren que los actuales magistrados dicten sentencia en breve, sin esperar a la renovación parcial del tribunal, sobre las impugnaciones que penden sobre el Estatut, obra del PP, varias autonomías y el Defensor del Pueblo. Para garantizar que así es, socialistas y populares han decidido demorar hasta fin de año la cobertura de las cinco plazas a renovar. Vista su actual composición, para que el tribunal fallara este año sobre el Estatut sería imprescindible un acuerdo entre los jueces conservadores y los progresistas.

La celeridad o no en la elección de cinco de los 12 jueces que deben integrar el Constitucional está íntimamente ligada a la suerte del Estatut, pues la nueva correlación de fuerzas en el Senado configurará una mayoría progresista en el tribunal. Por eso es relevante que los portavoces en el Congreso del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se hayan dado unas semanas más para pactar el sustituto de Roberto García-Calvo, jurista conservador fallecido cuya vacante debe cubrir la Cámara baja.

PRÓRROGA EN EL SENADO También el Senado ha demorado la designación de sus cuatro magistrados, prevista para octubre. El presidente, Javier Rojo, propondrá el martes a la mesa de la Cámara alta que amplíe el plazo que tienen las comunidades para presentar candidatos --que expira el 29 de septiembre--, ya que algunos parlamentos no han aprobado aún sus propuestas. PSOE y PP apoyarán a Rojo, y fuentes socialistas avanzan que esta prórroga retrasará la elección al menos hasta el próximo mes de diciembre.

No por azar, esta dilación abona los planes de ambos partidos respecto al fallo del Estatut, aunque difieran en el modo de exponerlos. El popular Federico Trillo ha exigido en público a la presidenta del tribunal, la progresista María Emilia Casas --una de las jueces a renovar--, que zanje "de inmediato" las deliberaciones. "No me vale un día más de retraso", clamó ayer Trillo.

Gobierno y PSOE, en cambio, prefieren no verbalizar su interés en que el Constitucional agilice sus trabajos para que sus palabras no se interpreten como una presión al tribunal. Pero tres destacados dirigentes del partido han confesado a este diario su empeño en que el Constitucional dicte ya sentencia.

Alegan las fuentes socialistas consultadas que la presidenta debería concluir su mandato "con los deberes hechos", para así prestigiar la institución tras esta convulsa etapa marcada por las recusaciones partidistas y una inédita lucha interna. "La sentencia no será del gusto de nadie. Más vale que la emita este tribunal y que el nuevo quede libre de ese lastre", razona un dirigente del partido socialista.

LA CORRELACIÓN DE FUERZAS El problema, al menos desde la óptica catalana, radica en que la actual correlación de fuerzas en el Constitucional es poco propicia al Estatut. Hay un empate a cinco entre conservadores y progresistas. Salvo que Casas ejerciera el voto de calidad, el fallo requeriría un pacto entre ambos sectores que mutilaría el Estatut o encorsetaría su aplicación.

Ayer confirmó estos negros augurios el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, uno de los jueces a renovar. Elegido por acuerdo entre PP y PSOE, Jiménez milita en el frente anti-Estatut, como lo prueba el hecho de que ayer citara el veto del tribunal al plan Ibarretxe como precedente para el fallo sobre el Estatut: "Las cerezas van todas unidas. Cuando se tira de una salen otras enlazadas".