El PSOE ha dado este lunes una nueva muestra de su cambio interno a raíz de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de mayo. La gestora que pilotó el partido hasta entonces estaba dispuesta a pactar y apoyar el techo de gasto para el 2018, como hizo con la iniciativa del 2017, pero el escaso margen de negociación mostrado por el Gobierno han llevado a la dirección del PSOE a rechazar, junto a sus presidentes autonómicos, este paso previo para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. El techo de gasto, tal y como está planteado, supone un "ataque neoliberalista" al "Estado social", según la resolución aprobada por la comisión permanente del partido.

La principal crítica tiene que ver con el reparto del déficit: a través de los gastos y no de los ingresos y penalizando a las comunidades autónomas, que son las que prestan la mayoría de servicios sociales y tendrán que reducirlo a la mitad en el 2018. La Administración central, en cambio, deberá bajar su déficit en un 36%.

"La política social y presupuestaria del Gobierno es insolidaria con la mayoría social, y su objetivo es consolidar un Estado social mínimo", señala el texto aprobado por los socialistas. A su juicio, el Gobierno, "al reducir el déficit a costa del gasto social y productivo, hace que sean las políticas de educación, ciencia, vivienda y protección social las mayores damnificadas". Un ejemplo: "Las pensiones solo crecerán un 0,25% cuando la inflación se situará cerca del 2%".

LA UNANIMIDAD

La posición del PSOE sobre el techo de gasto, primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del 2018, presentaba peligros internos. El líder, Pedro Sánchez, siempre tuvo claro que no había que apoyarlo. Los presidentes autonómicos tenían dudas.

Sin embargo, la reducción del déficit que el Ministerio de Hacienda exige a las comunidades autónomas (del 0,3% del PIB, partiendo del 0,7% del 2017) ha logrado que haya unanimidad entre todos ellos en su rechazo a la iniciativa del Gobierno, que ha sido aprobado este lunes por el Consejo de Ministros y sitúa el límite del gasto no financiero en 120.000 millones de euros. La cantidad supone un ligero aumento, el primero en los últimos cuatro años, respecto a los 118.337 millones de euros que ha servido de guía para las cuentas públicas del 2017.

"NO SOMOS QUEJICAS"

Para mostrar esta sintonía entre el secretario general y los barones, que con la única excepción de la balear Francina Armengol apoyaron a Susana Díaz en las recientes primarias, el encargado de trasladar la decisión socialista ha sido el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Junto al secretario de Organización, José Luis Ábalos, Vara ha dejado claro que el problema no es la exigencia de la UE reducir el déficit."Nadie debe dudar de nuestro compromiso con la estabilidad, pero no de cualquier manera. Las comunidades autónomas no somos una banda de quejicas, sino que tenemos a nuestro cargo una de derechos esenciales en nuestro país", ha explicado. La diferencia entre este techo de gasto y el último, apoyado por los socialistas, es que allí hubo "actuación sobre los ingresos" y "concesiones" del Ejecutivo a las autonomías. Ahora no. "Lo que hace el Gobierno es generar un Estado desigual, reduciendo el Estado social a lo mínimo", ha incidido Ábalos.

Con esta negativa, la única vía que tiene el Ejecutivo para sacar adelante el techo de gasto, que se votará en el Congreso el martes que viene, pasa por reeditar el pacto presupuestario de este año, cuya suma da 176 diputados: PP, Ciudadanos, PNV y los dos parlamentarios de Coalición Canaria y Nueva Canarias.