Todo cuanto acontezca en la política catalana y española -y quién sabe si europea- se gestará y tendrá su momento cero en el lapso de tiempo que separa este miércoles del primero de octubre. Son 45 días en los que el Estado y la Generalitat mantendrán un largo pulso tras el que solo puede decirse que, pase lo que pase, nada será igual. Pasado el ‘ferragosto’, y con la ciudad aún llena de turistas deambulando como zombis en las horas que más pega el sol, el Parlament reabre sus puertas este miércoles bajo el cobijo del nuevo reglamento de la Cámara catalana aprobado a finales de julio. En el otro extremo del paréntesis temporal, el 1 de octubre será, para siempre, se celebre o no, la fecha prevista para el primer referéndum catalán de autodeterminación en la historia.
Todo cuanto ha ocurrido desde la Diada del 2012, o si se quiere desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 sobre el Estatut del 2006, ha sido, en verdad, una especie de largo, eterno, calentamiento para estos 45 días. La escalada verbal de los últimos meses no deja ninguna puerta trasera a sus protagonistas, tanto en Barcelona como en Madrid, para una salida digna que no sea el triunfo de sus tesis. O vencer o caer.
Todo cuanto se ha temido a lo largo de estos años va a producirse. Va a haber choque de trenes. La Generalitat va a desobedecer el entramado jurídico constitucional español . Si durante largo tiempo ha habido dudas sobre esto, ahora ya no queda ni una. Solo se precisa echar un vistazo a la alineación del Govern que el ‘mister’, el ‘president’ Carles Puigdemont, ha confeccionado tras hacerse primero con las riendas de la que había diseñado Artur Mas.El referéndum se convocará y se desatará el conflicto, si es que no ha sucedido ya antes.
En esta guerra de nervios entre Barcelona y Madrid, cada uno de los dos ejecutivos cuenta con una carta. La Generalitat tiene la del ‘cuándo’. Solo en el Palau de la Generalitat saben cuándo se van a desencadenar los hechos. El primer día hábil para la escalada, este mismo miércoles, parece conjurado por cuanto Junts pel Sí y la CUP, salvo sorpresa, no tratarán de incluir la ley del referéndum en el orden del día de la Mesa del Parlament con el fin de admitirla a trámite.
ADVERTENCIA DE RAJOY
Los grupos registraron la ley en julio y Mariano Rajoy ya advirtió, la semana pasada, de que la admisión a trámite por la Mesa acarreará recurso de su Gobierno y, por tanto, suspensión inmediata. Cualquier acción ulterior del Govern y del Parlament significará caer en la desobediencia. La siguiente fecha en el calendario es la del martes 22.
Otra opción para salirse del carril constitucional la tendrá la trinchera independentista mediante el uso del reglamento del Parlament recientemente reformado. La norma está ya suspendida por el TC (que este miércoles rechazará el recurso de la Generalitat) por lo que echar mano de la lectura única (como tarde o temprano se hará) acarrea también consecuencias.
En el escenario que conlleva la segura admisión a trámite de la ley del referéndum, los hechos se activan de manera automática. Recurso y suspensión del TC, y desobediencia catalana. Aquí aparece la clave que controla la Moncloa, es decir, la respuesta a esa desobediencia. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha explicado este martes a Europa Press que su partido ha descartado ya, "por razones temporales y jurídicas", aplicar el artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de competencias. Hernando apunta a otras fórmulas "más oportunas y realistas" para frenar el 1-O.
Sean cuales sean, estas medidas se producirán, seguramente, ya en el mes de septiembre, y su apogeo puede llegar con la convocatoria del referéndum por parte de Puigdemont. Es decir, en las cercanías de otra multitudinaria demostración de fuerza del independentismo por las calles de Barcelona en la Diada.
DIADA 'CALIENTE'
Poco después del Onze de Setembre empezará la campaña del referéndum, en cumplimiento, precisamente, de esa ley del referéndum que estará suspendida. La CUP, via Anna Gabriel, ha pedido que, en campaña, se apruebe la llamada ley de transitoriedad jurídica que debería aplicarse si el ‘sí’ vence en el referéndum. La ley es una declaración de independencia formulada no en una frase sino en varios folios y articulado. Obvio es prever que su mera admisión a trámite será objeto, también, de recurso-suspensión por parte del Estado. Cuando esto ocurra, la lista de cargos señalados por la justicia española podría sumar dos dígitos, tanto en el Govern como en el Parlament.
Rajoy ha empeñado su palabra en que no habrá urnas el 1-O. Puigdemont, en que su Ejecutivo llegará hasta el final. Tocará luego gestionar el posreferéndum. Quién sabe si con toda una clase política catalana en vías de inhabilitación, empezando por el ‘president y el vicepresidente, o bien con un presidente del Gobierno central más que tocado. Nada será lo mismo.
