Nada, absolutamente nada de lo que ha sucedido este viernes en Catalunya guardaba semejanza alguna con la jornada más importante de la historia de una nación "triunfal" que volvió a ser "rica y plena", según su himno. El día que la mitad del Parlament (70 diputados de 135, que representan el 46,4% del sufragio popular en las últimas elecciones) declaró la independencia mediante una votación secreta, Catalunya vio cómo se fulminaba la autonomía labrada durante cuatro décadas y cómo un presidente del Gobierno de España convocaba desde el palacio de la Moncloa unas elecciones catalanas. Lo que el ya 'expresident' Carles Puigdemont no quiso hacer el jueves cuando aún disponía de la facultad lo ha hecho Mariano Rajoy este viernes. Los catalanes volverán a las urnas, esta vez legalmente, el 21 de diciembre, jueves.
Hubo DUI, hubo 155 y hubo elecciones. A la proclamación de la república siguió en cuestión de horas el descabezamiento del poder ejecutivo de la Generalitat (con Carles Puigdemont a la cabeza), la disolución exprés del Parlament ordenada desde Madrid, el desplante de la UE y de Estados Unidos hacia el supuesto nuevo estado, la activación de una querella por rebelión que podría llevar a la cárcel al recién depuesto Govern y a la también fulminada Mesa del Parlament, y un júbilo independentista en la calle más que contenido a juzgar por el músculo exhibido en tantas otras jornadas 'históricas'.
Jugada audaz
Al jugar ipso facto la carta electoral, Rajoy no solo aborta sin paliativos la proclamación de la independencia, sino que ahuyenta las tentaciones de abusar de las prebendas que le otorga el artículo 155 y poner con ello en riesgo la unidad constitucionalista fraguada en los últimos meses con el PSOE y Ciudadanos. Las primeras órdenes se han limitado a destituir a todo el Consell Executiu y al segundo nivel de poder institucional, secretarios y directores generales. Nada de intervenciones que puedan interpretarse como una purga ideológica, al menos de momento. El Gobierno central quiere tener las riendas de la Generalitat el mínimo tiempo legal necesario en pos de la "normalidad" y la "tranquilidad".
Mariano Rajoy comparece en la Moncloa para anunciar elecciones en Catalunya / JUAN MANUEL PRATS
Catalunya volverá a votar entre semana, como en el 2006, y en día laborable, como en 1980. La convocatoria exprés de Rajoy también consigue pillar con el pie cambiado a un sector del independentismo, cuyo probable objetivo en los comicios del 21-D será cosechar la ansiada mayoría absoluta en votos, que no logró en el 2015. Un reto para el que se necesita a la CUP, cuya concurrencia a unas elecciones autonómicas forzadas desde Madrid está en el aire. Pero es el PDECat la fuerza que sale peor parada con esta convocatoria: no tiene ni candidato, y sus expectativas electorales son funestas. Y ERC, que parte como favorita, en las encuestas deberá definir ahora una nueva hoja de ruta para un 'procés' que parece moribundo.
Cinco vertiginosos años han culminado con una declaración unilateral forjada después de 48 horas de sainete, que incluyó frustrados intentos de mediación, unas elecciones nonatas, un amago de implosión en el secesionismo, un 'president' que pasó la patata caliente al Parlament, una camaleónica resolución y una votación a escondidas para tratar de rehuir las responsabilidades penales. El epicentro del documento de marras reza: "Declaramos que Catalunya se convierte en un estado independiente en forma de república". E insiste: "Constituimos la república catalana como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
La última triquiñuela
Pero la última de tantas triquiñuelas del soberanismo fue emparedar tan solemnes aseveraciones en el preámbulo de la resolución, un extracto que jurídicamente carece de valor y oficialmente no se vota. Bien lo saben las señorías que componían el Parlament en el 2006, cuando vieron cómo el término 'nación' viajó del articulado al preámbulo con el argumento que así se blindaba del azote del Constitucional. Pero ni así. Idéntica suerte correrá esta vez el texto de la DUI, al que el Tribunal Constitucional ya le ha puesto la proa y muy probablemente lo laminará la próxima semana. Y es que, pese a esta enésima argucia, los puntos que Junts pel Sí y la CUP sí sometieron a votación desplegaban una ley, la de transitoriedad, ya declarada inconstitucional.
El Govern y los diputados de JxSí y la CUP cantan 'Els Segadors' tras declarar la independencia / ALBERT BERTRAN
La votación ha sido el colofón a otra tensa jornada parlamentaria, aunque ante el consabido desenlace se han consumido menos kilovoltios que en el pleno del 6 y 7 se septiembre, cuando se aprobaron las leyes de ruptura. Puigdemont tampoco consideró que el debate fuese lo suficientemente trascendente como para ponerse frente al atril, coartando así la palabra al resto de presidentes de grupo. La inocua independencia se ha declarado con la ausencia de la mitad de grupos parlamentarios (Ciutadans, PSC y PP) y con la petición de voto secreto para que la fiscalía y el Constitucional no puedan identificar a los 70 diputados que habrían delinquido, tal como les han advertido por enésima vez los letrados de la propia Cámara, predicando de nuevo en el desierto.
Para los amantes de las comparaciones históricas, la república catalana de 1934 no llegó a durar 11 horas. La del 2017 pereció en menos de cinco.
