La exdirectora financiera de Canal de Isabel II María Fernanda Richmond consiguió este jueves convencer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Sólo un día después de declarar ante el actual magistrado del 'caso Lezo', ha visto rebajada su fianza de cuatro millones a 100.000 euros, lo que le hará posible abandonar la prisión.

Entre los argumentos utilizados por Richmond figuraba la posibilidad de defenderse en libertad y que la medida cautelar que le fue impuesta el pasado día 20, cuando declaró tras su detención ante el entonces instructor del caso, Eloy Velasco, se asemejara a la que superior en el Canal de Isabel II. El exgerente de la empresa pública madrileña de agua Adrián Martín eludió la cárcel al pagar la fianza impuesta, que desde el primer momento fue de 100.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción incluso había solicitado prisión incondicional para ella por su responsabilidad en la adquisión deEmissao Engenharia e Construçao, filial sudamericana de la empresa pública madrileña, operación que, según la fiscalía, produjo pérdidas a las arcas públicas de 25 millones de euros.

En la declaración prestada ayer ante el nuevo juez instructor, Richmond pudo defenderse mejor de las acusaciones que pesan, porque la fiscalía se mostró favorable a que le fuera rebajada la fianza impuesta.

PRÓXIMA DECLARACIÓN

En el sumario constan varias conversaciones entre ella y el exconsejero de La Razón y exresponsable de la filial sudamericana del Canal Edmundo Rodríguez Sobrino donde parecen ser conscientes del fraude que se está cometiendo. Rodríguez Sobrino también ha solicitado declarar ante el juez García Castellón y lo hará en los próximos días. Previsiblemente, lo hará el próximo día 11.

La Comunidad de Madrid denunció en su día que la compra de Emissao se llevó a cabo en el 2013 a través de un complejo entramado financiero, cuando Ignacio González presidía la comunidad ySalvador Victoria, la entidad pública. Se pagaron 21,4 millones de euros, y medio año después su valoración fue de solo cinco. La fiscalía cifra las pérdidas para las arcas públicas en 25 millones de euros.