Pedro Sánchez pensó en dejar la política a finales del 2011, cuando se quedó a un puesto de entrar en el Congreso. También consideró la posibilidad en el otoño del 2016, al ser obligado a dimitir por su propio partido. Ahora es presidente del Gobierno. Lleva 100 días en la Moncloa, tiempo en el que el PSOE ha despegado en las encuestas y él se ha asentado en el poder, pese a la presión de sus socios. Nadie sabe cuánto durará antes de convocar elecciones. Los miembros del Ejecutivo insisten en que quieren agotar la legislatura, llevarla hasta el 2020, pero al mismo tiempo reconocen que no hay nada seguro con solo 84 diputados socialistas, un exiguo apoyo que les obliga a negociar a varias bandas cada medida.
Primero, con Podemos. El partido morado nació con la vocación de desbancar al PSOE y estuvo a punto de conseguirlo, pero su actitud es otra en estos tiempos. Pablo Iglesias, de quien Sánchez dijo tras su frustrado intento de investidura que le había «engañado», es ahora el «socio preferente». Todo, desde el nuevo consejo de RTVE al proyecto de Presupuestos para el año que viene, se negocia primero con él.
Iglesias llegó a hablar esta semana de «cogobernar», y el Ejecutivo dio por buena la expresión, aunque no suman. Necesitan a nacionalistas vascos y catalanes. Con los primeros, la alianza parece sólida. Con los segundos, todo es más difícil.
ERC y el PDECat tienen un papel clave en esta legislatura, cuyo futuro pasa, en gran parte, por la evolución de la crisis territorial. El jefe del Ejecutivo ha cambiado aquí también la dinámica de Mariano Rajoy. Se hareunido con el president, Quim Torra, durante una cita (se espera otra en Barcelona este otoño) en la que ambos desplegaron su tono más conciliador. Ha reactivado las comisiones bilaterales y ha autorizado el traslado de los presos independentistas a cárceles catalanas. El inicio es prometedor, pero el otoño caliente que prepara el independentismo, empezando por la Diada del martes, y sobre todo el proceso judicial por el procés, puede alterar el escenario. ERC y el PDECat piden a Sánchez que interceda para que la fiscalía retire la acusación de rebelión. El Ejecutivo contesta que el ministerio público es autónomo y no está dispuesto a dar ese paso. El PP y Cs, en plena pugna por el centro-derecha, acusan a Sánchez de «debilidad» frente al separatismo. «Una condena dura del Tribunal Supremo hará saltar todo por los aires. No podremos apoyar en esas condiciones las cuentas, y eso que creemos que unas nuevas, más sociales, serían buenas para todos», señalan los republicanos. Los posconvergentes, más alejados del PSOE en materia económica, tienen una posición similar.
Todo va muy rápido en la Moncloa. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, presumió de haber reactivado la política en «un tiempo récord». Otro ministro añade: «Venimos de Rajoy, que actuaba como un administrador gris que no quiere tocar nada. El contraste no puede ser mayor».
El Gobierno, entre otras medidas, ha devuelto el carácter universal a la sanidad, ha aprobado la exhumación de Franco, ha ordenado acoger a los inmigrantes del Aquarius (lo que no impidió la posterior devolución a Marruecos de 116 personas que saltaron la valla de Ceuta) y ha activado el diálogo con Cataluña. Esas prisas son las que explican, según fuentes del Ejecutivo, los errores cometidos: del fichaje y dimisión como ministro de Cultura de Màxim Huerta a los habituales cambios de criterio en fiscalidad, memoria histórica y ventas de armas. En el Gobierno están convencidos de que ninguno de estos tropiezos tendrá efecto en las urnas. Pero, Sánchez maneja los tiempos. Puede convocar elecciones cuando quiera y ya ha colocado al PSOE en cabeza.
